Se cumple un año desde que el IPCC, el grupo más reputado de expertos a nivel internacional sobre el cambio climático, lanzara un grito de alarma sobre las consecuencias irreversibles que puede tener en nuestro planeta. El sexto informe del IPCC fue expuesto a la opinión pública y acarreó un duro golpe a las conciencias por la extensión global del fenómeno. El informe apuntaba sin duda que las variaciones climatológicas eran consecuencia de la actividad humana y establecía unos objetivos de cara a 2030 para mitigar un mayor calentamiento. Este organismo es el que lleva insistiendo desde 2016 de la necesidad de que las temperaturas no aumenten más de 1,5 grados para mitigar el calentamiento de océanos y evitar la pérdida de biodiversidad.
No hace falta leer los informes del IPCC para notar las consecuencias. Las altas temperaturas de este verano, inauditas en algunas partes de la península, evidencian un cambio de ciclo: el tiempo cambia los ritmos del campo, como el de la vendimia que se ha adelantado 15 días, genera un déficit de agua con la sequía y aumenta la posibilidad de que fenómenos atmosféricos como los huracanes o incendios alcancen magnitudes mayores. La situación de los ríos es especialmente notoria este agosto, ya que el Rin ha rebajado drásticamente su caudal dificultando el comercio marítimo. Tal y como apunta el climatólogo Dominic Royé, se trata de la peor sequía en Europa desde hace 500 años ya que hay algunos puntos de los ríos la descarga fluvial ha descendido un 62%.
Ante la alerta roja del IPCC cabe preguntarse qué cambios se están generando desde las instituciones y empresas para revertir esta situación. El escenario más evidente de consenso ha sido la COP26 en Glasgow en octubre de 2021, donde los países se comprometieron a llevar a cabo algunos avances como reducir las emisiones de dióxido de carbono un 45%, limitar los combustibles fósiles, financiar la acción climática, comprometerse con los países en desarrollo por ser las potenciales víctimas de desastre naturales y comprometerse a que la temperatura no aumente más de 2 grados. En principio, el compromiso conlleva un margen hasta 2025 para llegar al ‘tope’ de emisiones para luego reducirlas un 50% en 2030.
La guerra con Ucrania, como alertó en junio el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, puede poner en entredicho el pacto de Glasgow porque tienta a los países a invertir en gas como consecuencia de la incertidumbre generada por Putin.
A nivel legislativo, en los últimos años los países comprometidos han empezado a desarrollar marcos normativos para desarrollar sus políticas de sostenibilidad. EEUU acaba de aprobar una histórica ley de cambio climático que tiene 400.000 millones de dólares en incentivos fiscales y prepara el terreno para cortar drásticamente las emisiones. En España, la Ley de de Cambio Climático entró en vigor en mayo de 2021y tiene como objetivo descarbonizar la economía y acelerar el proceso de transición a un “modelo circular”. Una realidad que, a pesar de empeñarse por culminar, se antoja cada vez más difícil. La guerra con Ucrania, como alertó en junio el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, puede poner en entredicho el pacto de Glasgow porque tienta a los países a invertir en gas como consecuencia de la incertidumbre generada por Putin.
Como fuere, el Pacto de Glasgow está alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU por lo que, como se desglosa de las legislaciones ‘verdes’ que se están aprobando, la nueva agenda trae consigo un gran ‘caramelo’ económico de inversión e incentivos para las empresas, primeras protagonistas de los cambios que hay que hacer. Sin ir más lejos, la Agenda 2030 tiene un fondo fiducidario que tiene como objetivo desembolsar mil millones de dólares en subvenciones anuales para estimular la inversión estratégica sostenible.
En este sentido, como explican fuentes del Departamento de Sostenibilidad de la consultora de PWC a Vozpopuli, ha habido un ‘boom’ en sostenibilidad porque han cambiado las reglas del juego. La Comisión Europea ha desarrollado una taxonomía que establece una lista de actividades económicas sostenibles y tiene el objetivo de “redirijir los fondos de inversión tanto públicos como privados” para apoyar estos cambios. Explican que las empresas ahora miran cómo pueden sacar el máximo de sostenibilidad de aquello que hacen o, sino, implantan iniciativas internas ecológicas. Los organismos europeos también prevén un nuevo reglamento para, ante lo irrevocable que se augura el cambio climático, las empresas evalúen que riesgos climáticos les atañen. “Tienen que empezar a elaborar planes de adaptación”, añaden. “Llegamos tarde”, detallan”, “ahora solo podemos mitigar el impacto”.
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