Entre las fuerzas de seguridad del Estado -principalmente Policía Nacional y Guardia Civil- hay un creciente desconcierto ante las negociaciones de cara a la formación de un nuevo Gobierno, toda vez que la próxima legislatura requerirá del apoyo de fuerzas independentistas… que no ocultan su intención de expulsar a los agentes de sus territorios o de arrebatarles sus competencias. Por el momento, Pedro Sánchez ha logrado un mayor acercamiento con los separatistas. ¿Pondrá el futuro de los agentes en la mesa de negociación? El antecedente del Ejército de Tierra en San Sebastián es el ejemplo que citan los miembros de ambos cuerpos como posible “moneda de cambio”.
La cesión tuvo lugar en noviembre de 2020. El Gobierno de Pedro Sánchez negociaba con diversas fuerzas los apoyos necesarios para sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado. El apoyo de los seis diputados del PNV era clave. Y los nacionalistas vascos dieron el ‘sí’ a cambio de cumplir un viejo anhelo: la expulsión del Ejército de Tierra del cuartel de Loyola, en San Sebastián.
La decisión supuso un varapalo para el Ministerio de Defensa, toda vez que le obligó a buscar un nuevo espacio para el medio millar de efectivos que integran el Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº 67, hasta ahora ‘ocupantes’ del cuartel de Loyola. El Ayuntamiento de San Sebastián -bajo alcaldía del PNV-, previo pago de 73 millones de euros, ha logrado la gestión de estas dependencias, que destinará a viviendas.
El futuro del Ejército en Guipúzcoa
¿Qué ocurrirá con los militares? La presencia del Ejército en San Sebastián, advirtió Margarita Robles, “no es negociable”. Pero será necesario acondicionar la Hípica Militar de San Sebastián y construir todas las instalaciones necesarias para que el regimiento cumpla con todas sus funciones asignadas. Un siglo de tradición y un acuartelamiento, hasta la fecha, “indispensable” para el Ejército de Tierra, que se cedía ante los seis diputados del PNV en las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado.
Ese antecedente pone en alerta a las fuerzas de seguridad del Estado, que contemplan otras reivindicaciones de los nacionalistas en las que los uniformados con claros protagonistas. Y, en este caso, no se negocian unos presupuestos, sino una legislatura, con unas cuentas aún más ajustadas que en la anterior formación de Gobierno. Por el momento, Pedro Sánchez ya ha cedido algunos de sus diputados a Junts, mientras que Sumar lo ha hecho con ERC, para que ambas formaciones catalanas conformen grupo propio en el Congreso. El acuerdo parece más cercano con el PSOE que con el PP.
¿Cuáles serán las siguientes peticiones de los nacionalistas? “Tememos ser moneda de cambio”, indican fuentes policiales a Vozpópuli. Desde estas formaciones ya se ha pedido en numerosas ocasiones que el Gobierno saque a sus agentes de enclaves estratégicos o que les transfieran algunas de sus competencias.
Las peticiones del independentismo
La Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Laietana de Barcelona es uno de los ejemplos más simbólicos. Los nacionalistas exigieron la expulsión de los agentes y que el espacio se resignificase como un centro memorial de la lucha antifranquista, alegando que durante la dictadura se llevaron a cabo torturas en estas dependencias.
La respuesta de Fernando Grande-Marlaska siempre ha sido la misma: no se negocia la continuidad de Vía Laietana y el mejor símbolo de la lucha antifranquista es la presencia de la actual Policía Nacional en esta Jefatura. Declaraciones similares a las que Margarita Robles pudiera hacer sobre el cuartel de Loyola antes de que el Gobierno suscribiera el citado acuerdo con el PNV.
El nacionalismo catalán, además, aspira a obtener las competencias marítimas. En los últimos años, han impulsado varios proyectos para dotar a los Mossos d’Esquadra de los medios necesarios para desplegarse en sus costas. La Guardia Civil tiene las competencias exclusivas y la policía autonómica sólo podría desarrollar sus funciones en el litoral o en aguas internas, como ríos o pantanos.
Pero el Gobierno catalán no oculta su deseo de hacerse con estas funciones. “Somos la policía del mar”, reza un cartel dispuesto en marquesinas de autobuses bajo el patrocinio del Departamento de Interior. El mensaje irritó a las asociaciones de guardias civiles, que pidieron al Ministerio del Interior que garantizase en el futuro su presencia en el mar que baña Cataluña.
No es la primera vez que las competencias de la Guardia Civil forman parte de la mesa de negociación del Gobierno de Pedro Sánchez con independentistas. La cesión de Tráfico en Navarra se articuló tras sendos acuerdos con PNV y EH Bildu. También se han reducido unidades especializadas en explosivos o rescate de montaña tanto en Cataluña como en País Vasco.
Antecedentes que, unidos a la expulsión del Ejército del cuartel de Loyola, alimentan las inquietudes de los uniformados de convertirse en “moneda de cambio” en las negociaciones para formar nuevo Gobierno.
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