La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias abiertas por el pago de presuntas comisiones en la construcción del AVE a La Meca, según confirman fuentes fiscales a Vozpópuli. Las pesquisas, que se abrieron en el año 2018, han terminado por archivarse porque no se ha podido acreditar que el consorcio español que se adjudicó esta faraónica obra cometiera delito de corrupción en las transacciones internacionales.
Las diligencias, en las que se buscaba esclarecer si las empresas españolas pagaron comisiones para adjudicarse esta obra en 2011, tenían poco viso de prosperar ya que Arabia Saudí no ha colaborado no ha dado respuesta a la petición de documental solicitada en los últimos meses por el Ministerio Público. El objetivo era acreditar si el consorcio de empresas españolas que consiguió este contrato de más de 6.700 millones de euros pagó algún tipo de mordida a las autoridades saudíes.
De hecho la Fiscalía explica en el decreto de archivo que en febrero del año pasado remitieron una comisión rogatoria para que facilitara la información financiera sobre este proyecto. Diez meses después, en diciembre, remitieron un oficio recordatorio ante la falta de noticias. Finalmente, el 4 de abril respondieron comunicando que la no habían encontrado "transacciones derivadas de actividades sospechosas" entre las compañías españolas y el consorcio de Alshoula.
Los elementos que se disponen tras esta investigación son claramente insuficientes y no permiten construir una tesis inculpatoria
Así pues Anticorrupción descarta impulsar una investigación penal sobre estos hechos que comenzaron a investigarse a tenor de las confesiones de Corinna Larsen al comisario jubilado José Manuel Villarejo durante su reunión en Londres en 2015. En dicho encuentro la consultora alemana reveló al policía que Juan Carlos I tenía dinero en el extranjero y que, además, medió para que el consorcio español integrado por doce empresas españolas y dos saudíes consiguiera esta obra del AVE. Al respecto explicó que se pagaron comisiones y que el Emérito incluso pudo cobrar por su mediación.
Comisiones "para el tren"
Los audios del encuentro que grabó el comisario jubilado salieron a relucir en el marco de la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional por sus encargos de espionaje. La aparición de esta grabación propició la apertura de una pieza separada en este procedimiento que terminó siendo archivada debido a la condición de inviolable de Juan Carlos I en el momento de los hechos. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción impulsó unas diligencias no judicializadas sobre el dinero del monarca en el extranjero y sobre estas supuestas comisiones.
La primera de ellas terminó en la Fiscalía del Tribunal Supremo, por su condición de aforado, mientras que las otras se siguieron en el órgano que dirige Alejandro Luzón. Sin embargo, las dos líneas de investigación han terminado en archivo cuatro años después de su inicio. Con todo, en estas pesquisas que ahora archiva Anticorrupción nunca se ha investigado al padre de Felipe VI.
Elementos insuficientes
De hecho, en el decreto de archivo Anticorrupción indica que Corinna explicó en el encuentro que se pagaron comisiones por 80 millones de euros "para el tren". Gracias a sus confesiones se sabe también que en la operativa participaron dos personas que se llevaron comisiones que no superaron cada una de ellas el 2% del precio del proyecto. No obstante, Anticorrupción destaca que su cuantía es importante ya que ascendieron a 100 y 120 millones, respectivamente.
"En cuanto a la estructura financiera de los pagos no puede reseñarse nada especial, se han efectuado mediante transferencia a cuentas en Arabia Saudita, informándose por la autoridad de este país que no se han encontrado transacciones derivadas de actividades sospechosas. Se puede concluir, por tanto, que los elementos de que se disponen tras esta investigación son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria", sentencia el decreto firmado por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor.
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