La Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación abierta por las ayudas que recibió una empresa vinculada a los padres de Pedro Sánchez. El Ministerio Público concluye que no existen indicios "razonablemente verosímiles" de la comisión de delito en las ayudas del fondo covid a Playbol, firma que se encontraba en el listado de empresas que el PP de Madrid denunció por posibles irregularidades con los contratos de emergencia por la pandemia.
El decreto de archivo, que firma el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, razona que en el abril se incoaron diligencias a tenor de una denuncia interpuesta por el PP de Madrid contra una docena de contratos suscritos en plena pandemia. Se trata de licitaciones por importe de hasta 326 millones que suscribieron empresas vinculadas con Pedro Sánchez, Salvador Illa y Nadia Calviño.
En lo que respecta a las ayudas a Industrias Plásticas Playbol (que se investigaron en una de las siete diligencias abiertas por estos hechos) las pruebas practicadas en este tiempo no permiten concluir que se cometiera delito alguno al respecto. La denuncia inicial pedía que se investigase un total de 15 ayudas que recibió la mercantil Playbol entre febrero de 2020 y mayo de 2021 en forma de refianzamiento o avales del ICO.
Las operaciones aparecen revestidas de legalidad y aventurar un trato de favor o influencias situaría el relato en el ámbito de la pura especulación
La Fiscalía argumenta que el PP de Madrid no aportó ninguna justificación acerca de la intervención que pudo haber tenido el presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas. No obstante, se abrió una investigación, al igual que el resto de contratos denunciados por el PP de Madrid, para esclarecer si hubo irregularidades con las subvenciones de la Administración.
"Cumplía los requisitos"
El decreto recoge las diligencias practicadas en este tiempo, entre las que se encuentra la documentación recabada a la Compañía Española de Reafianzamiento (dependiente del Ministerio de Industria) y al Instituto del Crédito Oficial (ICO) y concluye que la firma cumplía los requisitos establecidos en el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 relativo al Real Decreto Ley 8/2020 sobre las medidas para hacer frente a la crisis de la covid.
"Lo expuesto resulta suficientemente expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno en unas operaciones que aparecen revestidas de legalidad y respecto de las que aventurar un trato de favor o despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal", reza el decreto.
El decreto de la Fiscalía determina que la ausencia de delito reside también en que las ayudas eran concedidas directamente por instituciones financieras privadas y en el hecho de que la intervención administrativa (los controles del ICO) se produce con posterioridad a la concesión de estos fondos. "Se produce con un carácter subordinado y neutral, desde luego, al margen del ámbito político al que el denunciante pretende llevar estas operaciones", indica el decreto que también reprende al PP al apuntar que la denuncia queda "huérfana de una mínima base indiciaria".
El fiscal jefe de Anticorrupción precisa también que los padres de Pedro Sánchez vendieron los activos de Playbol a la hoy denominada Industrias Plásticas Playbol en 2018, de manera que la firma inicial solo mantuvo en propiedad las naves en las que se desarrolla a día de hoy la actividad empresarial y por la que cobra un arrendamiento anual de 156.000 euros.
8160.000 euros del ICO
En lo que respecta a las ayudas en cuestión, la Fiscalía divide el decreto en dos puntos; por un lado las del CERSA y, por otro, del ICO. En relación a la primera se han estudiado tres operaciones de refianzamiento de 220.000, 30.000 y 50.000 euros, respectivamente. Anticorrupción especifica que el órgano dependiente del Ministerio de Industria no da los avales directamente, sino que reafianza los concedidos por las sociedades de garantía recíproca.
En relación con los créditos ICO se identifican doce operaciones con Playbol; nueve en 2020 y tres en mayo de 2021. El importe total, de acuerdo con la tabla que adjunta Fiscalía en su decreto, es de 816.000 euros. La documentación aportada por la IGAE y analizada por la Fiscalía despeja cualquier sombra de duda sobre la legalidad de estas ayudas ya que incluyen los certificados de garantía y la información del CIRBE sobre la empresa. Ello permite concluir que cumplía los requisitos para acceder a los fondos de emergencia por la covid.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación