La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo que procese al BBVA como persona jurídica y a una serie de directivos de la entidad, además de su expresidente Francisco González, por los encargos del banco al comisario jubilado mientras estuvo en activo en la Policía Nacional.
El Ministerio Fiscal pone de esta forma fin a más de cinco años de investigación en el marco de una de las piezas más complejas de la macrocausa de espionaje que afecta a Villarejo. El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez que dicte auto de procedimiento abreviado (como paso previa a enviarles al banquillo) para los imputados por delitos de cohecho y revelación de secretos, tal y como ha adelantado Bloomberg y ha podido confirmar Vozpópuli.
En el foco de esta pieza se encuentran más de una decena de encargos de espionaje que el BBVA efectuó al entramado empresarial de Villarejo entre los años 2004 y 2013 por 10,23 millones. Por estos hechos figuran como imputados, además del expresidente FG; el exconsejero delegado Ángel Cano, el que fuera jefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano y el exdirector de Riesgos Antonio Béjar, quien ha colaborado desde el primer momento con la instrucción y recientemente ha pedido al instructor el archivo de su causa.
"Nula colaboración del BBVA"
En su escrito, el fiscal pide procesar también a los exresponsables jurídicos del banco, Eduardo Arbizu, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega; al que fuera jefe de auditoría Joaquín Gortari; al empleado del BBVA Óscar Santos, además del propio Villarejo, su presunto colaborador, el policía Antonio Bonilla y su socio en Cenyt Rafael Redondo.
De todos ellos concluye el Ministerio Fiscal que se han confirmado los indicios de su "participación directa y personal" en la contratación del comisario jubilado para una decena de encargos de espionaje que se realizaron, en muchos de los casos, con acceso por parte de Villarejo a información confidencial en las bases de datos de la Policía Nacional.
"Los distintos empleados que tuvieron conocimiento, por su participación directa en los pagos realizados, así como aquellos que tuvieron conocimiento de las noticias de prensa relacionadas con el comisario Villarejo y, a su vez, sabían que Cenyt era proveedor de la entidad deberían de haber elevado, como mínimo, la comunicación pertinente", reza el escrito del fiscal al que ha tenido acceso este medio.
Al respecto Anticorrupción reprocha al banco su "nula colaboración" desde que se abrió causa por estos hechos (ya bajo la dirección de Torres) y denuncia que "bajo el prisma del ejercicio del derecho de defensa se ha opuesto a la práctica totalidad de las diligencias" que se han ido solicitando estos años.
Actuación en plena OPA al Sabadell
La petición del fiscal del caso Villarejo se produce en plena opa hostil de la entidad que preside Carlos Torres al Banco Sabadell. Precisamente, durante el último tramo de la instrucción, la Fiscalía puso el foco en el propio Torres después de que la directora jurídica de la entidad, María Jesús Arribas, evitara pronunciarse tras ser citada como testigo por unos correos que le vinculan directamente con el comisario jubilado y que vendrían a desmentir la versión del banco sobre su relación con Villarejo.
Este silencio en sede judicial dio paso a la petición de Anticorrupción de que se citara como testigo a Torres, diligencia que acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en octubre del año pasado. El sucesor de FG se desvinculó de los lazos de la entidad con Villarejo y protegió al máximo las reuniones secretas que se celebraron en el banco en 2018, cuando esta investigación ya había echado a andar.
Sobre este episodio se refiere la Fiscalía en su escrito de 224 páginas, al determinar que "se han amparado en un 'supuesto' derecho a no declarar basado en la confidencialidad abogado-cliente", confundiendo "el secreto profesional con la relación empleado-empleador".
Por ello insiste en los indicios que acechan a algunos de los protagonistas de esta causa de corrupción en cuanto a que habrían tenido conocimiento de los hechos realizados por terceros y trataron de ocultarlos.
El magistrado dio por concluida la instrucción de esta pieza en octubre del año pasado, si bien la causa se alargó unos meses más a la espera de que las acusaciones particulares que ejercen Luis del Rivero y Luis Pineda -ambos perjudicados de sendos espionajes- aportaran sus peritajes sobre el famoso forensic del banco.
Precisamente, este trabajo que Garrigues encargó a PWC se ha convertido en uno de los puntos más polémicos de la causa principalmente a raíz de la declaración en sede judicial en marzo de 2020 de los peritos responsables del trabajo, los cuáles confirmaron que algunas de las evidencias detectadas (conocidas como hits) se excluyeron del informe final. Entre las mismas se encuentran las alusiones a Pineda o al propio Torres.
El BBVA se desliga del caso Villarejo
Precisamente, en uno de los últimos escritos de la Fiscalía Anticorrupción a los que ha tenido acceso a este medio se reconocía el derecho de Del Rivero (a quien se le espió en el marco de la operación Trampa) de cara a que pueda terminar las periciales autorizadas hace más de un año, sin que por ello la causa se detenga más tiempo. El magistrado ha apuntado en la misma dirección y ha defendido que no se está generando "ninguna dilación procesal" con la elaboración de estas fuentes de prueba que pueden poner contra las cuerdas al BBVA de cara a un próximo juicio.
El banco, por su parte, ha solicitado en numerosas ocasiones el fin de la causa y ha delegado cualquier responsabilidad en la figura del entonces jefe de Seguridad de la entidad y también en Béjar. Este antiguo directivo, que fue cesado como presidente de Distrito Castellana Norte tras comprometerse a colaborar con la causa, ha mantenido desde el primer momento que las órdenes de contratar con el comisario jubilado vinieron de arriba.
La petición de Anticorrupción de iniciar los trámites del procedimiento abreviado se produce apenas semanas después de que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional haya anulado la primera sentencia de este procedimiento por falta de motivación.
De esta forma los magistrados tendrán que volver a revisar su fallo para valorar todas las pruebas del juicio y pronunciarse sobre todos los delitos, con especial foco en el cohecho del que absolvieron al comisario jubilado y que Anticorrupción mantiene como eje de acusación en esta macrocausa de espionaje.
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