El nombre del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón sobrevuela en el caso Lezo desde que estalló esta operación de corrupción sin que, de momento, la Justicia haya decidido imputarle por su gestión al frente del Canal de Isabel II. Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli, esta cuestión quedará resuelta –al menos para la Fiscalía Anticorrupción- el próximo otoño.
Es la fecha que manejan los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez para decidir si se debe solicitar, o no, al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la imputación de Ruiz Gallardón, cuyo papel como máximo responsable de la citada empresa pública madrileña lleva meses en el punto de mira de los investigadores.
Pero, ¿por qué esta fecha? Las fuentes consultadas explican que el Ministerio Público está, por un lado, a la espera de recibir el análisis de la documentación que se incautó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en los registros del pasado mes de abril y, por otro, quiere escuchar al resto de 51 investigados que todavía no han sido escuchados en esta causa y han sido citados los próximos meses de septiembre y octubre, tal y como es el caso del máximo accionista de OHL, Juan Miguel Villar Mir y la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Una vez que estas diligencias hayan sido practicadas, Anticorrupción estudiará los posibles indicios existentes contra el ex alcalde de Madrid con el objetivo de ver si instan al instructor del caso Lezo a que lo llame a declarar en la Audiencia como imputado o investigado.
Connivencia con González
Los fiscales de esta causa de corrupción acusan a Ruiz Gallardón de haber establecido "un pacto de silencio" y "cooperación" con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, líder de esta presunta organización criminal.
En uno de sus informes incorporados al sumario de este procedimiento, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público recalcaba que la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II –que podría haber conllevado un sobreprecio de 70 millones de euros- se realizó en el año 2001 "bajo el control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid presidido por Alberto Ruiz Gallardón y del Consejo de Administración del Canal de Isabel II" aunque "el pago del precio de esta operación con fondos públicos se prolongó hasta el año 2012".
El Ministerio Público apuntaba entonces que "presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".
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