La investigación realizada por la Fiscalía anticorrupción apunta al Grupo Iberdrola y a su filial Iberdrola Renovables como las personas jurídicas responsables de la contratación del comisario José Manuel Villarejo. Así consta en el sumario, al que ha tenido Vozpópuli tras el levantamiento parcial del secreto de la pieza separada del caso Tándem en la que se investiga la relación comercial entre la energética y el exagente de Policía.
Según especifica un escrito del ministerio público de 17 de enero de 2020, estas pesquisas se abrieron en octubre de 2019 "para la investigación de delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos, a partir de los indicios delictivos recabados, fruto del análisis de documentos en soporte papel y digital intervenidos con ocasión de las diligencias de entrada y registro autorizadas en la causa, en relación con diversos encargos de inteligencia que habría efectuado la mercantil Iberdrola S.A. entre los años 2004 y 2017 al entramado empresarial liderado por el entonces funcionario en activo del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez".
Asimismo, en otro escrito, este de un año antes, en concreto de noviembre de 2019, el ministerio público también alude a Iberdrola Renovables, una filial de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán: "El cliente que encargó la prestación de los servicios al Grupo Cenyt, representado durante la negociación y la ejecución del 'Proyecto Wind' por los ya investigados José Manuel Villarejo y Rafael Redondo, es la entidad Iberdrola Renovables SA, por medio de su director de renovables".
Antonio Asenjo
Se refiere este escrito inicial de la Fiscalía anticorrupción a Antonio Asenjo Martín, amigo de Villarejo, que en realidad no era director de Iberdrola Renovables, sino jefe de seguridad de la matriz. Asenjo está imputado en la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por los contratos de la multinacional española. Ni el Grupo Iberdrola ni ninguna de sus filiales han sido imputadas.
Los fiscales precisan que los servicios de investigación contratados se ejecutarían a partir de 2011, cuando Villarejo aún era comisario en activo destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Además, resaltan que los pagos a las empresas de Villarejo se abonaron desde Iberdrola Renovables y desde Iberdrola SA. En este sentido, el ministerio público pone de manifiesto que la matriz de la compañía también realizó otras contrataciones al clan policial.
En el sumario consta también que el ministerio público avisan al juez Manuel García Castellón de que los servicios contratados por la energética a Villarejo tendrían como objetivo, entre otros, "salvaguardar los intereses del cliente Iberdrola Renovables, que por problemas y litigios derivados del desarrollo de parques eólicos en Rumanía podría sufrir pérdidas cuantiosas, que ya tenían cifradas en 10-12 millones de euros, riesgo susceptible de crecimiento exponencial con previsión de pérdidas astronómicas".
Oficio policial
Anticorrupción se apoya para llegar a estas conclusiones en el oficio policial de 24 de octubre de 2019 redactado por la Unidad de Asuntos Internos. En dicho informe se presentan "una serie de nuevos indicios delictivos recabados en relación con el denominado 'Proyecto Wind' tras el análisis de la información intervenida en el registro practicado en el domicilio de Rafael Redondo, el principal socio de Villarejo en la firma Cenyt.
La Fiscalía sostiene que existen "sólidos" indicios de la "comisión de un delito de cohecho, en concurso con delitos de descubrimiento y revelación de secretos" por parte del comisario, principal investigado del caso Tándem que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017.
Entre la documentación incautada por la Policía Judicial consta un correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2016 remitido por Antonio Asenjo desde una dirección con dominio iberdrola.es. El destinatario es Rafael Redondo, el principal socio de Villarejo en la empresa Cenyt. "En el citado email se solicita una valoración estimada del coste que supondrá el trabajo solicitado, tras petición de la misma por la asesoría jurídica".
Equipo jurídico
Según precisan los fiscales, "puede observarse que Asenjo reenvía [a Villarejo] el correo electrónico recibido el día anterior por Javier García de Fuentes Churruca [miembro del equipo jurídico de la compañía], en el que facilita (...) la información más relevante en torno a la relación contractual entre Iberdrola Renovables y Eólica Dobrogra AG".
Los fiscales resaltan la "muy probable implicación de los servicios jurídicos de Iberdrola en la contratación del Grupo Cenyt"
En dicho correo, "recuerda la urgencia del tema, a pesar de que tanto del departamento de negocio y el departamento jurídico son conscientes de la dificultad de la investigación". El ministerio público alude asimismo a que el mensaje también llegó a la directora del Departamento Internacional de Servicios jurídicos de Iberdrola, Úrsula Zabalza de Frutos.
A raíz de la documentación incautada y la información recabada en fuentes abiertas policialmente consultadas, los fiscales consideran que hubo "una muy probable implicación de los servicios jurídicos de Iberdrola en la contratación del Grupo Cenyt", la mercantil de Villarejo.
Iberdrola Renovables
La estrategia de defensa de Iberdrola pasa por destacar que la contratación de Villarejo fueron realizados principalmente por Iberdrola Renovables, filial de la matriz presidida por Ignacio Sánchez Galán. Esto evitaría, siempre según la eléctrica, que la matriz de la compañía pudiera ser imputada como persona jurídica.
Sin embargo un informe de la Policía de 14 de noviembre de 2019 apunta directamente a la persona jurídica de Iberdrola SA como la responsable de otras contrataciones de Villarejo, por las que la compañía habría abonado más de un millón de euros.
Se trata de los denominados proyectos Gipsy, para investigar si un exempleado tenía relaciones con Florentino Pérez, considerado un enemigo de Sánchez Galán; Posy, para rastrear la vida privada del presidente del Real Madrid y su intento de hacerse con el control de la compañía; Arrow, sobre la construcción de una planta térmica en Andalucía; y B-B, sobre una supuesta investigación al expresidente de Endesa Manuel Pizarro.
En relación al trabajo de Villarejo para Iberdrola denominado Arrow, la Policía sostiene que "incluye numerosos audios entre los principales intervinientes, en los que se evidencian los controles de comunicaciones telefónicas obtenidos sin autorización judicial".
Los abonos por estos trabajos, se defienden desde la energética, se habrían realizado antes de 2011, año en el que entró en vigor la normativa de que las personas jurídicas sean imputadas. De esta forma, Iberdrola busca sortear una eventual imputación como persona jurídica.
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