La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas en pleno caso Gürtel. El Ministerio Público, que acaba de presentar su escrito de acusación en la causa que se sigue contra José Manuel Villarejo, pide también los mismos años de prisión para el exnúmero dos del ministro, Francisco Martínez, y para el que fuera jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
Con todo, el que afronta la pena más alta es Villarejo, para quien piden 19 años de cárcel y 33 de inhabilitación. Le sigue el que fuera jefe de Seguridad de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo (quien enfrenta una petición de cárcel de 15 años de prisión); el exjefe de la UCAO y socio de Villarejo Enrique García Castaño (con 12 años y medio de prisión); el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva (a quien piden 12 años y cinco meses) y finalmente el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, quien afronta dos años ymedio de cárcel.
Anticorrupción atribuye a los procesados en esta pieza séptima del caso Villarejo los delitos de encubrimiento, malversación (que se mantiene intacta pese a la rebaja del Gobierno), delitos contra la intimidad y cohecho. En su escrito, el Ministerio Público explica que los acusados formaron parte de una trama que espió a Luis Bárcenas con el objetivo de obtener información del proceso Gürtel que se seguía contra el Partido Popular. Para conseguirlo, captaron a su chófer y le pagaron una media de 2.000 euros mensuales que provenían de los fondos reservados del Estado.
"Acuerdo pleno" de Fernández Díaz
Por contra, la Fiscalía pide que se archiven las acusaciones para el exjefe de la UDEF José Luis Olivera; para José Ángel Fuentes Gago; y para el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano; estos dos últimos colaboradores de Pino en la DAO. En relación al primero de ellos la Fiscalía dice que no hay indicios contra él pese a que existiera una maniobra real para querer apartar al jefe policial de la Gurtel del caso. En relación a los otros dos sostiene que ni tuvieron acceso a los fondos reservados ni la documental del sumario les implica de manera directa con este espionaje.
Los hechos se remontan al año 2013. La conocida como policía patriótica (integrada por Pino, Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo, entre otros) puso en marcha un operativo de seguimiento a Bárcenas, completamente al margen de la investigación que seguía la Audiencia Nacional por Gürtel. La operación -reza la Fiscalía- se fraguó "con el acuerdo pleno" del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez.
Con ese fin captaron al chófer de la familia, quien les fue filtrando información sobre las conversaciones que Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias mantenían con sus abogados y con periodistas. También tuvo acceso a información clave que podría perjudicar al entonces PP de Mariano Rajoy llegando a hacer gestiones privadas de la familia (como acudir a los bancos o trasladar información a los notarios) dada la "confianza" que tenían depositada en él.
Audios de Rajoy
Toda la información que consiguió se la remitió a la policía patriótica y estos, a su vez, al exjefe de la Policía y al secretario de Estado de Seguridad. En última instancia éstos se la hacían llegar al exministro Fernández Díaz. La Fiscalía recuerda que gracias a la información suministrada conocieron que la mujer de Bárcenas tenía un taller en la calle General Díez Porlier donde podría guardar archivos de audio de conversaciones con dirigentes del PP como Mariano Rajoy o Javier Arenas.
En ese contexto, García Castaño (conocido como 'El Gordo') entró en el local aunque no consta que lograra hacerse con documentación. Por contra, a las manos del exministro Fernández Díaz y el resto de miembros de la Kitchen sí llegaron mensajes, correos electrónicos y contactos que Bárcenas tenía almacenados en su móvil personal. Lo consiguieron gracias a la mediación del chófer de Bárcenas (bautizado como cocinero por Villarejo) que logró sustraerle dos teléfonos y una tablet.
En ese momento el chófer y 'El Gordo' acudieron a un VIPs de la calle Velázquez y volcaron su contenido en un pendrive. "Toda la información extraída fue facilitada a continuación por García Castaño a Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, quienes, además, fueron informados del volcado de los dispositivos inmeditamente después de su realización", explica la Fiscalía.
Del mismo modo la trama Kitchen también sustrajo información a Bárcenas durante el tiempo que estuvo en prisión provisional por el caso Gürtel. De hecho, incluso contactaron con reclusos para tenerle espiado dentro de la cárcel. Su chófer dio parte de las visitas que recibió en Soto del Real o las reuniones que mantenía su mujer Rosalía Iglesias con el entonces abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. Durante ese tiempo la trama accedió también a manuscritos de Bárcenas y anotaciones con información sobre facturas del PP.
El dardo a Cospedal
Por ese motivo la Fiscalía les atribuye delitos de revelación de secretos, encubrimiento, delitos contra la intimidad y también malversación dado que los gastos del operativo se cubrieron con fondos reservados del Estado. Además del chófer, Villarejo también percibió una cuantía por su intervención en el operativo, en el marco del cual además llegó a modificar "torticeramente" información interna de las bases de datos policiales para manipular la ficha de Bárcenas.
El escrito de la Fiscalía sucede al que presentó hace unos meses Luis Bárcenas, el cual litiga como acusación particular en el procedimiento. El exresponsable de finanzas del PP pide penas más altas de cárcel que la Fiscalía para los acusados. En el caso de Villarejo exceden incluso los 40 años de prisión.
La Fiscalía también lanza un dardo contra María Dolores de Cospedal, que llegó a estar imputada en lac ausa tras saltar a la luz sus audios con Villarejo. Al respecto explica que no se puede descartar "la intervención de otras personas diferentes" a las ahora acusadas en este encargo al comisario. Con todo, la Sala de lo Penal ha vuelto a desestimar la petición de Anticorrupción de imputarle confirmando así el auto del magistrado instructor Manuel García Castellón.
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