La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en el marco del procedimiento pendiente de enjuiciarse en la Audiencia Nacional por presunta corrupción en Venezuela. El Ministerio Público solicita, además, que se inhabilite a la asturiana para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público durante dos años.
Así se desprende del escrito de acusación, que avanza Vozpópuli, presentado tras la apertura de juicio oral contra una docena de personas implicadas en estos hechos. El magistrado Ismael Moreno procesó a la compañía y a un total de 12 personas en julio de 2023, por el presunto pago de sobornos de más de 100 millones de dólares a funcionarios venezolanos para adjudicarse una central de generación eléctrica en Venezuela en 2009 de 1.500 millones de dólares.
Tras denegar la Sala de lo Penal la prescripción de los delitos, Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación poniendo fin a una causa que comenzó a investigarse en el año 2017. Así pues, la multa más elevada se solicita para la firma rescatada por la SEPI, la cual tendrá que responder como persona física por el presunto desvío de mordidas a través de empresas pantalla que emplearon para simular encargos ficticios de asesoramiento.
Cárcel para el exCEO de Duro Felguera
De esta forma, el que fuera CEO de Duro Felguera, Ángel Antonio Suárez del Valle, se enfrenta a una petición de nueve años y medio de prisión por delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía pide para el empresario una multa también de 160 millones de euros, así como la prohibición de contratar con el sector público y de gozar beneficios fiscales de la Seguridad Social durante 13 años.
Para Nervis Villalobos, el que fuera viceministro de Energía Eléctrica en el Gobierno de Hugo Chávez, la Fiscalía pide un total de 8 años y nueve meses de prisión por tres delitos continuados de falsedad mercantil y blanqueo de capitales y una multa de 3,6 millones de euros únicamente por este último de los delitos. Su mujer, Milagros Coromoto, afronta una petición de dos años y nueve meses y multa también de 3,6 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales.
Anticorrupción solicita penas de hasta casi diez años de prisión para el exceo y expresidente de Duro Felguera y multas millonarias por el presunto desvío de mordidas de más de 100 millones de dólares a cambio de adjudicarse un megaproyecto energético en Caracas
El consejero delegado de Técnicas Reunidas (Terca) y presunto testaferro de Nervis Villalobos, Luis Barrios, afronta una petición de la Fiscalía de siete años y nueve meses de prisión por los delitos arriba mencionados y, además, frustración a la ejecución. La multa por el delito de blanqueo asciende a los 42 millones de euros.
Para Javier Ochoa Alvarado, quien fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, la petición se reduce a prisión de 45 días por delito continuado de falsedad en documento mercantil (sustituible por multa de 90 días) y prisión de 45 días y multa de 1,62 millones de e uros por el delito de blanqueo de capitales. En su caso la Fiscalía le aplica la atenuante muy cualificada por informar a la Fiscalía en cuanto a las presuntas prácticas corruptas en la petrolera bolivariana.
En el caso de Luis Carlos de León (exdirectivo de una filial de PDVSA que confesó los delitos que se atribuyen en relación a las mordidas de la petrolera tras ser extraditado a Estados Unidos), la Fiscalía solicita cuatro años y nueve meses de prisión y multa mínima de dos millones de euros también por falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Las villas de los jerarcas chavistas
Anticorrupción, que pidió enviarles al banquillo en julio de 2023 como desveló este medio, también actúa contra tres personas a título lucrativo a la par que pide el decomiso de varios inmuebles, viviendas (alguna de ellas en la lujosa urbanización de La Moraleja) y plazas de garaje de los acusados.
En el caso de Alvarado Ochoa y su pareja Ceciré Carolina Casanova, Anticorrupción solicita el decomiso de una serie de propiedades, entre la que destacan tres fincas de 30.000, 60.000 y 51.040 metros cuadrados, respectivamente, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.
El escrito, de 90 páginas, relata cómo Duro Felguera se adjudicó un ambicioso proyecto en Venezuela para abastecer energía eléctrica en Caracas a una población cercana a los 4,5 millones de personas. Durante estos años de instrucción, el Ministerio Público habría acreditado que la persona que medió para facilitar esta concesión fue Rafael Ramírez, entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y considerado como hombre de confianza de Hugo Chávez.
A cambio –relata la Fiscalía- la asturiana se comprometió a realizar "varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos" que permitieron dicha adjudicación. En ese sentido, el entonces consejero delegado Ángel Antonio del Valle Suárez y su presidente Juan Carlos Torres "decidieron dichos pagos en nombre de la compañía". En concreto, los funcionarios cercanos a la esfera del chavismo que se beneficiaron fueron Alvarado Ochoa, Luis Carlos de León y Julia Van Der Brule; exdirectiva esta última de una filial de PDVSA.
Sociedades "tapadera" y desvío de mordidas
La Fiscalía sostiene que, con el fin de efectuar estos sobornos, se utilizó a modo de "tapadera" la sociedad Tercas, de Luis Barrios. Frente al criterio de los acusados –que niegan los sobornos y sostienen que estos contratos respondían a actividades reales- la Fiscalía asegura que se firmaron un total de tres contratos entre diciembre de 2008 y el 12 de abril de 2011 bajo los conceptos de prestación de servicios de asesoramiento y ejecución de obra.
El dueño de Terca, que se fundó en 1989 y ofrecía equipos de generación eléctrica, habría actuado como "testaferro" de Nervis Villalobos, de quien Anticorrupción mantiene que no podía aparecer formalmente en el contrato por incompatibilidad con su anterior cargo de viceministro en el Gobierno de Chavez hasta 2006. Dicho cargo político contravendría la normativa interna de Duro Felguera y habría obligado a utilizar Terca como sociedad interpuesta.
En el último de los contratos ya participó directamente Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía C.A (Ingespre) del propio Villalobos. Tanto Anticorrupción como el juez instructor sostiene que Barrios cedió su posición porque el exviceministro (a quien se le ha archivado una investigación por presunto blanqueo) ya podía mediar en la transacción sin necesidad de contar con Terca. Por esta gestión y aprovechando su influencia en el gobierno bolivariano, se habrían pagado 26,7 millones de euros camuflados en concepto de "asesoramiento".
La Fiscalía considera acreditado que los acusados recibieron ingentes cantidades de dinero que canalizaron a través de cuentas abiertas en bancos suizos y también en Mónaco. Además, la propia compañía asturiana transfirió 25 millones a una cuenta de Terca en Banco Safidié (Ginebra). El escrito, que contiene toda la maraña de transferencias que se realizaron entonces para repartir los pagos, apunta además a un presunto blanqueo de capitales mediante la compra de viviendas de lujo en España.
Al respecto Barrios adquirió un inmueble en el residencial Los Madroños de Alcobendas (Madrid) por 727.600 euros. Elba Van Den Brule hizo lo propio con una casa al sur de Madrid por la que pagó 653.000 euros,mientras que Luis Carlos de León y su mujer compraron en 2014 una mansión en La Moraleja por 4,6 millones de euros. Anticorrupción solicita ahora el decomiso de todos ellos.
