La Fiscalía Anticorrupción quiere que la Audiencia Nacional investigue los pagos de la RFEF a José María Enríquez Negreira y su hijo por servicios de asesoramiento. El Ministerio Público se posiciona a favor de que la IGAE amplíe le peritaje sobre estos pagos, desvelados por Vozpópuli y que según La Liga se efectuaron desde el ente que preside Luis Rubiales sin justificar.
Las fuentes consultadas por este medio confirman que ven pertinente la solicitud de La Liga, que litiga como acusación particular para que se esclarezca si hubo o no desvío de fondos del ente. El asunto nada tiene que ver con la investigación que se sigue en la Fiscalía Provincial de Barcelona en relación a los 1,4 millones de euros que el Barça abonó al exnúmero dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en tres ejercicios también por presunto servicio de asesoramiento.
En este caso, la diligencia pedida por La Liga se enmarca dentro del caso Soule, que arrancó a mediados de 2017 en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Ángel María Villar. El ente sostiene que el coach deportivo recibió durante cinco temporadas poco más de 4.400 euros sin justificar.
Pendientes de la IGAE
Por ello solicita que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) amplíe el peritaje sobre los gastos de la Federación poniendo el acento en la partida destinada para los honorarios arbitrales. El ente que preside Javier Tebas mantiene un frente abierto con la Federación de Fútbol en esta causa de la Audiencia Nacional ya que sostiene que se habrían desviado más de 8 millones de euros que iban para la partida de gastos arbitrales.
De la documentación aportada por la Federación a esta causa consta que de esas partidas una parte fue a parar al hijo de Enríquez Negreira por coaching. En concreto, entre las temporadas 2011 y 2016 se abonó desde la Federación poco más de 4.400 euros. La Liga sostiene que la RFEF debe responder por ello ya que un 18.75% de lo inyectado al ente proviene de las quinielas y, por tanto, sería dinero público.
A falta de que el magistrado que investiga el caso Soule, Alejandro Abascal, se pronuncie sobre la petición, la Fiscalía Anticorrupción lo ha hecho informando a favor de La Liga. El ente sostiene que se debe fiscalizar esta remesa ya que "la RFEF no ha aportado las facturas soporte de los gastos contabilizados, impidiendo constatar si tan siquiera estos pudieron haber existido, o para qué y para quién se prestaron dichos servicios, su duración, el precio hora, o quien autorizó su pago". "La elección del prestador parece evidente a qué responde", expuso en su escrito.
Imputación de Sánchez Arminio
En paralelo el órgano que preside Javier Tebas también ha solicitado que se impute en el caso Soule al que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio. La petición, desvelada por este diario, fue rechazada en un primer momento por el juez instructor, que considera que la causa contra Ángel María Villar ya está lo suficientemente avanzada como para abrir esta vía.
La Liga recurrió su auto en un movimiento que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción y que cuenta con el férreo rechazo de la Federación. La Liga quiere que se cite como imputados al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio; al exsecretario del CTA Raúl Massó y también a Ángel María Villar, quien ya figura como uno de los principales investigados.
El motivo reside en que la IGAE afloró, en un primer peritaje, el presunto desvío de fondos de 8 millones de euros dela RFEF. El ente público concluyó el año pasado que había una partida importante de los fondos que maneja la Federación que no estaba debidamente justificada. Por ello, la Fiscalía se adhirió a su petición añadiendo que las aportaciones de La Liga correspondientes a honorarios arbitrales excedían los gastos contabilizados en 7,99 millones de euros. La respuesta está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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