La Fiscalía Anticorrupción pone en cuestión los pagos que efectuó la RFEF al hijo de José María Enríquez Negreira. El Ministerio Público respaldó hace apenas unos días la petición de La Liga de que se indagase a fondo los abonos de 4.000 euros que durante cinco temporadas recibió Javier Enríquez Romero, al considerar que estas partidas eran "gastos de dudoso destino".
En un escrito del pasado 8 de marzo al que ha tenido acceso Vozpópuli, la fiscal Anticorrupción al frente del caso Soule explicó que se hace necesario que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) amplíe su peritaje sobre las partidas para gastos arbitrales que se habrían desviado para otros fines. En concreto puso el foco en los abonos facilitados al hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por servicios de coaching insistiendo en que estas facturas no se aportaron.
De esta forma Anticorrupción se sumó a la petición de La Liga que ha terminado por autorizar el magistrado Alejandro Abascal. Coincidiendo con la filtración en prensa en febrero de la investigación de la Fiscalía por los pagos de Enríquez Negreira al Barça, La Liga se dirigió a la Audiencia Nacional para que se indagasen las partidas que la Federación de Fútbol abonó entre 2011 y 2016 al hijo del colegiado.
Análisis de las facturas
En su escrito precisó que estos servicios de asesoramiento se pagaron con fondos de La Liga de los cuáles el 18,75% proceden de las quinielas. Además, reprochó a la Federación que no justificara los servicios de "coach" y "reuniones". "La RFEF no ha aportado las facturas soporte de los gastos contabilizados, impidiendo constatar si tan siquiera estos pudieron haber existido o para qué y para quién se prestaron dichos servicios. La elección del prestador parece evidente a qué responde", alegó La Liga.
A su petición se adhirió la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito recuerda que ya han pedido en reiteradas ocasiones que se amplíe el peritaje de la IGAE sobre los gastos de la Federación bajo la etapa de Ángel María Villar. "La Liga reitera la necesidad de analizar el destino dado al abono de deudas de la Seguridad Social, Hacienda, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y otros embargos judiciales por cuenta de determinados clubes y si el empleo de los fondos se adecuaba a los fines previstos", dice la fiscal.
Además, sostiene que ya informó en los meses de junio y octubre de 2022 de la necesidad de que un actor externo evalúe estos "gastos de dudoso destino". En concreto, se puso el foco en el dinero que la Liga aporta a la Federación de Fútbol en virtud de los convenios suscritos, sobre los gastos derivados de servicios arbitrales, alojamientos, dietas... que guardan relación con los derechos arbitrales.
Así, pidió que se estudiara al detalle la documental remitida a la Audiencia Nacional por la Federación para justificar el gasto de fondos que proviene de La Liga. El motivo reside en que algunas facturas podrían exceder los fines fijados en los convenios. Al hilo se ampra en un informe que aportó el órgano que preside Javier Tebas a este caso Soule en el que se advierte de que algunas facturas aportadas para justificar la aplicación de ese remanente respondería a gastos diversos.
En concreto se refiere al desvío de fondos para pagar las costas judiciales en procedimientos con Mediapro, gastos en referencia a la manutención de la hija y la mujer de uno de los colegiados o la compra para árbitros de trajes, camisas y corbatas además de facturas de gastos vinculados al Comité Técnico de Árbitros como alojamientos, cenas, cafeterías etc.
"En definitiva, si bien la Liga se ciñe a unos concretos gastos de servicio de coaching que aparecen reflejados en esos documentos, la documentación a analizar refleja también otros gastos recogidos en los archivos Excel por si se hubieran sufragado con dinero procedente de las quinielas y excedieran los fines fijados en los convenios de coordinación", sentencia Anticorrupción.
¿Gastos inflados?
En su pronunciamiento del pasado año, la IGAE expuso que entre los años 2009 y 2017, bajo la presidencia de Ángel María Villar, se produjeron gastos en la Federación por importe de 267 millones de euros que no se justificaron adecuadamente. Además, advirtió que no se había podido especificar el destino de algunas partidas como los cursos de árbitros entre 2014 y 2018 o los honorarios, gastos de dietas y viajes entre 2016 y 2017. Al hilo, también reprochó que no se aportara la documentación relativa a nóminas y facturas que justificasen las remuneraciones de los árbitros.
Por todo ello el magistrado que investiga la causa contra Villar ha dado luz verde a la solicitud y ha ordenado que se amplíe el peritaje de la IGAE. También ha requerido a la Federación para que "a la mayor brevedad posible" informe detalladamente de las partidas bajo sospecha. En concreto, de las destinadas a gastos arbitrales y de la entrega al CTA de los importes aportados por la Liga para gastos de los colegiados entre los años 2009 y 2017.
Al margen de esta línea de investigación, se ha acordado también en este procedimiento la imputación del que fuera jefe de los árbitros Victoriano Sánchez Arminio y del exsecretario del CTA Raúl Massó, para que respondan por las partidas arbitrales. Ambos declararon como testigos hace ahora un año, pero se les ha terminado imputando al ser señalados por varios testigos y a tenor de las conclusiones recogidas en el peritaje de la IGAE. El juez les ha citado para el próximo 3 de abril.
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