El Ministerio Fiscal lo tiene claro. Si se produjo un saqueo en torno a la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II es porque los responsables de los distintos gobiernos regionales miraron hacia otro lado. En un informe remitido al titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, instructor del caso Lezo, la Fiscalía Anticorrupción considera "altamente contrastado" la "pasividad institucional de la Comunidad de Madrid (CAM) en el control de las operaciones del grupo Canal de Isabel II en Sudamérica a lo largo de los años". El Ministerio Público pone como ejemplo de "exponente" de esta pasividad la operación de compra de la empresa Emissao en el año 2013 por valor de 21 millones de euros.
Asimismo, en su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez critican duramente que "nadie dentro de la Administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa".
"La instrucción evidencia la connivencia entre distintos responsables de la administración autonómica en el periodo de tiempo investigado. (…) Estamos ante una estructura presuntamente criminal que se formó por personas físicas y jurídicas integradas en el sector público de la Comunidad de Madrid. Los sujetos investigados presuntamente abusaron de su posición de prevalencia en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Madrid para lograr un enriquecimiento ilícito a costa del erario público", recalca la Fiscalía.
El papel de Gallardón
Dentro de esta trama, el Ministerio Público resalta dos nombres propios: el del ex presidente de la CAM, Ignacio González y el del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, quien de momento no se encuentra imputado en esta trama de corrupción. En concreto, al ex alcalde de Madrid, los fiscales lo acusan de haber establecido "un pacto de silencio" y "cooperación" con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, líder de esta presunta organización criminal.
Anticorrupción recalca que la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II –que podría haber conllevado un sobreprecio de 70 millones de euros- se realizó en el año 2001 "bajo el control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid presidido por Alberto Ruiz Gallardón y del Consejo de Administración del Canal de Isabel II" aunque "el pago del precio de esta operación con fondos públicos se prolongó hasta el año 2012".
En este relato de los hechos, la Fiscalía distingue dos fechas claves: el año 2003 y 2006. El primero de ellos porque es donde los investigadores sostienen que se "concretó" la participación de González en dicha adquisición y 2006 porque es cuando su mano derecha, Edmundo Rodríguez Sobrino, entró en a formar parte de la operación. Ambos habrían tenido "conocimiento total de la operación fraudulenta que ocultaron y permitieron el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012".
En ese sentido, los fiscales subrayan que "presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".
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