La Fiscalía Anticorrupción considera que la Audiencia Nacional es la competente para investigar el caso Koldo y, por eso, ha pedido al juez instructor del caso que plantee una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para evitar que la Fiscalía Europea se acabe arrogando la instrucción de estas diligencias.
El fiscal Luis Pastor, que comenzó investigando este procedimiento en el marco de las diligencias abiertas por la compra de material sanitario en pandemia, ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 2 en el que solicita a su titular, Ismael Moreno, que dé la batalla en el Tribunal Supremo para seguir manteniendo la causa.
Al respecto explica que el juzgado debe seguir investigando los pormenores del pelotazo de las mascarillas superior a los 52 millones de euros, mientras que explica que la Fiscalía Europea es la competente para investigar los expedientes de Canarias y Baleares. Se trata de contratos que se firmaron bajo los gobiernos de Víctor Ángel Torres y de Francina Armengol, y que ya se derivaron a la Fiscalía Europea por haberse sufragado con fondos comunitarios.
Los documentos del caso Koldo
"Existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la UE y los delitos que no afectan a tales intereses no son instrumentales de estos, por lo que la remisión de las presentes Diligencias Previas a la Fiscalía Europea nunca procedería", reza Pastor en su escrito.
Además, Anticorrupción avisa que la documentación intervenida por la Guardia Civil en los registros practicados tras el estallido de la causa debe quedar bajo dominio de la UCO hasta que el Tribunal Supremo resuelva la cuestión planteada. Cabe recordar que los agentes seguían estudiando el volcado de los teléfonos incautados a Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, y otras piezas clave en esta causa de corrupción como Víctor de Aldama.
“En todo caso, la documentación intervenida debe continuar en poder de la Unidad policial actuante para continuar con su estudio. Ni siquiera aceptando la remisión inmediata que parece proponer la Fiscalía Europea resultaría adecuado que dicha Unidad cesara en el análisis de las evidencias intervenidas”, avisa el órgano que dirige Alejandro Luzón.
El número 3 de Puente
La avocación de las diligencias a la Fiscalía Europea dejó en punto muerto este procedimiento en un momento en que apuntaba ya a altos cargos del Ministerio de Transportes. En concreto, Anticorrupción solicitó hace semanas la imputación del 'número 3' del departamento que dirige Óscar Puente, Jesús Manuel Gómez tras analizar unos correos sobre el suministro de material sanitario en plena pandemia.
La solicitud -que ha quedado pendiente de respuesta tras la irrupción de la Fiscalía Europea- se produjo tras incorporarse a la causa un reciente informe de la UCO en el que se apunta al "papel clave" de Javier Sánchez Fuentefría, actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y entonces director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, y de José Manuel Gómez.
Los agentes les implican en la contratación de Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y ADIF". Los agentes apelaron al respecto al hallazgo de correos electrónicos en los que se infería que Sánchez Fuentefría "se encargó de mantener la interlocución con ADIF a través de Michaux (Miranda)", entonces director general de gestión de personas de la entidad.
Del mismo modo el juez está pendiente de recabar el volcado de los teléfonos móviles incautados a los presuntos cabecillas de la trama, si bien no ha movido ficha tras la actuación de la Fiscalía Europea. De atender el reclamo de Anticorrupción, el asunto terminaría en manos del Tribunal Supremo para que determine qué órgano es competente para continuar investigando el caso Kold.
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