Con un amplio abanico de preceptos, que van desde la anulación de los juicios represivos del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos de la dictadura, los términos del proyecto abordan algunos de los aspectos más cruciales que han definido las políticas de memoria.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática que, entre otras cosas, impulsa la transformación del Valle de los Caídos en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la contienda.
La ley, que ha sido presentada por Félix Bolaños, el nuevo hombre fuerte de Moncloa tras la salida del Gobierno de la vicepresidenta Carmen Calvo, que había llevado este proyecto de manera personal, prevé -según informa Efe, dotar también al Tribunal Supremo de un fiscal de Sala para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo.
"Es la primera ley en la que condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior", ha asegurado el nuevo ministro del Ejecutivo para, posteriormente, desgranar los "tres ejes" principales de la nueva norma.
El primero de los pilares de la ley, ha asegurado Bolaños es "poner en el centro a las víctimas del franquismo". Entre otras cosas, ha anunciado el ministro, habrá dos días que homenajearán a las víctimas, el 31 de octubre, que será el Día de todas las víctimas de la Guerra civil, el golpe estado y la dictadura; y el 8 de mayo, que será el día de las personas exiliadas.
El segundo eje se basa en "poner el valor el papel de las mujeres como protagonistas de la vida política, cultural y recuperación democrática en España". "Sufrieron la misma represión, pero agravada por su condición de mujeres", ha asegurado.
Finalmente, el tercer pilar consistirá en destacar la "importancia del movimiento memorialista" y, por ello, entre otras medidas, ha anunciado que "los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, hoy junto al altar, también serán reubicados con el resto de víctimas o en otro lugar designado por la familia".
También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.
Se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados "lugares de memoria democrática".
Retirada de honores y títulos
También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.
La nueva norma pretende ampliar la vigente ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, y cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo con una reforma que ha tenido un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.
Han pasado diez meses desde que septiembre de 2020 el Consejo de Ministros dio su visto bueno, en primera lectura, al anteproyecto de la ley, sometido a dictámenes no vinculantes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también a audiencia pública, un trámite de especial interés para las asociaciones memoralistas y representantes de las víctimas.
Así, el proyecto que hoy avala el nuevo Gabinete de Sánchez es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el CGPJ, como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.
Vox ya ha anunciado que, sin ni siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
Además de estas, Bolaños ha informado de que la nueva ley está basada en los principios de "verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos que ocurrieron". "Se investigarán todas las violaciones de derechos fundamentales", ha continuado que se trata de una ley que permitirá "una reparación histórica y moral".
"Vilipendio" a las víctimas
El "vilipendio" a las víctimas sería un elemento a añadir para garantizar la constitucionalidad de estas medidas, según había advertido en su dictamen el órgano de gobierno de los jueces.
Vox ya ha anunciado que, sin ni siquiera conocer su contenido y sin esperar a su tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.
Se incluyen además previsiones en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.
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