En el año en el que se cumple el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes autonómicas han sacado adelante por unanimidad una nueva reforma de la norma aragonesa, que ahora deberá ser ratificada por el Congreso, por la que se suprimen los aforamientos y se garantiza una representatividad mínima de 14 diputados en cada una de las tres provincias.
De este modo, cuando el Congreso de los Diputados ratifique esta reforma, ni los diputados de las Cortes aragonesas ni los miembros del gobierno autonómico podrán seguir gozando de esta prerrogativa legal.
En su defensa de la reforma de los artículos 55 y 38.2, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha recordado que el aforamiento es una prerrogativa especial del proceso penal que implica que el enjuiciamiento de determinados cargos se atribuya a un órgano superior y es el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo el que decide sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio.
Según Pérez, es una figura que la sociedad concibe como "anacrónica" y propia de épocas pasadas y "difícilmente justificable en la Constitución" y como "un privilegio de la clase política" que "contribuye a aumentar el distanciamiento con la sociedad" y a "fomentar los populismos", por lo que su supresión implica "un paso importante en favor del reconocimiento de la independencia del poder judicial y confianza en los jueces de base".
Además, mediante la modificación del artículo 36 se garantiza un mínimo de 14 diputados por provincia y se asegura el mantenimiento de la representatividad de la menos poblada, Teruel.
Diputados en las Cortes de Aragón
De este modo se mantiene un coeficiente corrector para garantizar el equilibrio entre criterio territorial y poblacional, de tal forma que la cifra de habitantes necesaria para obtener un diputado en la provincia más poblada no podrá superar en un número determinado de veces a la menos poblada.
Esta es la cuarta ocasión en 40 años en la que se reforma el Estatuto de Autonomía; la más profunda fue en 2007.
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