El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decidido archivar de manera provisional una causa en la que se investigaba un presunto delito de utlización de menores para fines pornográficos. Desde esta instancia aseguran que detrás de la decisión están las excusas y “la nula disposición” de Google “para cooperar en la lucha contra delitos tan graves y execrables como la pornografía infantil y la pedofilia”.
En el auto, que todavía puede ser recurrido, el juez pone en negro sobre blanco las dificultades del buscador norteamericano a la hora de verificar la firma electrónica de la firma electrónica del oficio enviado para identificar al supuesto autor de los hechos investigados.
“En el presente caso, la excusa puesta por Google es que no puede verificar la autenticidad de la firma electrónica que consta en el oficio que se les ha remitido, previamente traducido al inglés tal y como exigieron, cuando lo cierto es que dicho oficio, entregado en formato electrónico a través de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, cuenta con la firma electrónica reconocida de la letrada de la administración de justicia de este juzgado", explica el magistrado.
El juez al frente de la investigación asegura que la actitud de Google "atenta claramente contra la dignidad del Poder Judicial español como poder constitucional de un estado soberano que no tiene por qué verse sometido a estas exigencias, en muchas ocasiones absurdas"
A demás, añade que "su autenticidad puede ser perfecta y fácilmente verificada a través de la página web cuyo enlace se facilitó a Google en el propio oficio, lo que ha sido comprobado personalmente por este instructor, por lo que la excusa que, nuevamente, esgrimen para no cumplimentar lo requerido únicamente evidencia la nula disposición de esta multinacional para cooperar en la lucha contra delitos tan graves y execrables como la pornografía infantil y la pedofilia, que son los que se investigan en la presente causa”.
El hecho de no poder identificar al autor de los delitos que han sido motivo de investigación, el juez ha procedido a archivar el caso. Se podrán reabrir cuando Google facilite la información reclamada por la autoridad judicial española.
Google debe colaborar con la Justicia
El magistrado al frente de la investigación se refiere al artículo 118 de la Constitución Española, que expresa que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".
También acusa a las empresas norteamericanas de "atentar claramente contra la dignidad del Poder Judicial español como poder constitucional de un estado soberano que no tiene por qué verse sometido a estas exigencias, en muchas ocasiones absurdas, carentes de la más mínima motivación, impuestas por desconocidos empleados de esas multinacionales y contrarias, como se ha dicho, a la normativa española de aplicación, todo lo cual impide que este instructor pueda acceder a dichas pretensiones”.
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