El titular del juzgado de instrucción número 7 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el perito que investigó el teléfono móvil de Miguel Carcaño, el asesino de la joven sevillana Marta del Castillo, Manuel Huerta, al indicar que no hay indicios de intrusismo al no haber firmado documentos como ingeniero.

En el auto, el magistrado ha manifestado que las actuaciones se iniciaron por un escrito presentado por Pedro José de la Torre Rodríguez como representante del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en informática de Andalucía, para su constancia en la causa conocida como 'Marta del Castillo’.

El escrito ponía en conocimiento del Juzgado que Huerta estaría actuando emitiendo informe pericial en dicho procedimiento “como Ingeniero Técnico en informática, careciendo de titulación para ello, con lo que estaría incurriendo en instrusismo profesional”, además de relatar que estaría incurso en el delito de revelación de secretos “al comentar en varios medios de comunicación aspectos del caso que no eran de dominio público.

El juez ha indicado que “llama la atención” que no se presentara “una denuncia en toda regla contra el teórico intruso”, para añadir que, en lo relativo al delito de revelación de secretos “difícilmente puede calificarse de secreto lo que es más que notorio, ya que durante años todos los implicados en el procedimiento referido anteriormente han acudido a los medios de comunicación contando o relatando sus puntos de vista sobre los hechos”.

“No parece que esté contando nada nuevo, y (…) en modo alguno puede hablarse de relatos que infrinjan el deber de guardar silencio sobre lo que ha sido objeto de una intervención profesional”, según el magistrado.

Sobre el presunto delito de intrusismo, ha señalado que no se aprecian indicios de actuara como ingeniero técnico en informática, “firmando los documentos que entregó en el Juzgado, en nombre de una sociedad sin que aparezca por parte alguna que se atribuye la condición de tal ingeniería”.

Además, ha apuntado que la denuncia pone de relieve que ambas partes “están inmersas en una lucha por conseguir ante los tribunales una declaración o no de aptitud para ser considerados con una categoría profesional concreta”.

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