La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo que archive la investigación por un encargo de la examante del rey emérito Corinna Larsen al polémico excomisario, actualmente en prisión, informan a Vozpópuli fuentes jurídicas. La Policía remitió un informe a la Audiencia Nacional en el que certificaba que el policía ya estaba jubilado cuando se produjeron los hechos. Eso desvanecía la posible comisión de un delito de cohecho por hacer un trabajo privado mientras era funcionario.
En concreto, la empresaria germanodanesa le pidió al policía que investigara a una de sus asistentas, de nacionalidad española. Villarejo le ofreció sus servicios, presumió de tener a los mejores profesionales y le pidió el número de teléfono y algún correo electrónico de la mujer. Así consta en dos audios llamados “Corin 16.10.7” y “Corin 16.10.7a” que la Policía le mandó al juez a principios de este año. Estaban entre la cantidad ingente de documentación incautada a Villarejo tras su arresto en noviembre de 2017.
Este hallazgo le sirvió al juez Manuel García Castellón para reabrir en julio la pieza Carol, nacida a partir de la grabación en la que Corinna Larsen relataba a Villarejo que Juan Carlos I tenía dinero escondido en Suiza cuando era jefe de Estado. Aquella confesión tuvo lugar en 2015, pero no vio la luz hasta el verano de 2018, meses después del arresto del polémico mando. De ese modo nació la Pieza Separada número 5 de la macrocausa Tándem donde se investigan una treintena de actividades ilegales de Villarejo.
El rey, de los audios al Supremo
Pero la pieza Carol tuvo poco recorrido y fue archivada pronto a petición de la Fiscalía porque las confesiones de Corinna Larsen hacían alusión a momentos en los que Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad por su condición de rey. Aquel sobreseimiento lo dictó el primer juez que tuvo el caso, Diego De Egea. De aquellas revelaciones tan solo se comenzó a investigar lo relativo a las presuntas comisiones cobradas por empresarios españoles en el marco del contrato de construcción del AVE a La Meca.
Aquellas pesquisas terminaron dos años después en la Fiscalía del Tribunal Supremo ante la posibilidad de que afecten a actividades realizadas por el rey Juan Carlos después de su abdicación, cuando perdió la inviolabilidad. Este giro se produjo tras las pesquisas que por su cuenta inició un fiscal suizo al tener conocimiento de la grabación inicial y las declaraciones de Corinna sobre un presunto blanqueo de dinero en territorio helvético.
Sin embargo, el auto con el que el juez García Castellón reabrió la investigación este verano, contenía expresiones en las que abría la puerta a indagar también en la Audiencia Nacional de nuevo cualquier indicio de delito, incluido lo que afectase a Juan Carlos I. "En este momento se habrían podido encontrar en la causa nuevos indicios que justificarían explorar la posibilidad de que se hubieran podido cometer las infracciones inicialmente investigadas", decía el auto de apertura dictado en julio.
Los límites de la Fiscalía
En ese sentido, los fiscales del caso Villarejo ya le remitieron un escrito el pasado 4 de septiembre en el que le recordaban que todo lo relativo al rey emérito era competencia de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pese a que ya no ostenta la condición de jefe de Estado, sigue siendo aforado ante el Tribunal Supremo. En referencia al presunto cohecho cometido por Villarejo, también recordaban que es necesaria una denuncia previa de Fiscalía para investigar un delito de un español cometido en el extranjero y esa acción no se había producido.
A los fiscales les llamaba la atención que el juez hubiese tardado medio año en reabrir esta pieza a partir de esos audios nuevos que había recibido a principios de febrero. También apuntaban a que no existía prueba alguna de que Villarejo o su socios hubiesen llegado a realizar el encargo de Corinna.
Según informan fuentes del caso, el Ministerio Público remitió este lunes su escrito en el que aboga por archivar la investigación. La Policía concluyó que el encargo se produjo en octubre de 2016, meses después de la jubilación de Villarejo en junio de ese año. Esta era la principal tesis de defensa de la propia Corinna a la que se adhirió también Villarejo. Este paso de la Fiscalía se produce cuando la Sala de lo Penal tiene pendiente decidir los recursos presentados por los investigados contra la reapertura de esta pieza judicial.
Además de Corinna Larsen y Villarejo, estaban también investigados el socio del excomisario Rafael Redondo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, la persona que puso en contacto al polémico mando con la empresaria germanodanesa. El juez dejó en suspenso sus interrogatorios al igual que el de Corinna a pesar de que se planteó incluso acudir en persona a tomarle declaración en Londres, su lugar de residencia.
