El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan Ignacio Campos, firmarán el decreto que, presumiblemente, pondrá fin a las diligencias de investigación relativas al rey emérito Juan Carlos I y que supondrá el cierre de las pesquisas.
Según adelantaba este martes El Confidencial, y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, ese decreto se espera que se haga público "pronto", antes de que sea necesario pedir una prórroga de la investigación. Apuntan que, dado que el equipo de fiscales sólo está pendiente de recibir una comisión rogatoria de la que no espera grandes sorpresas, una vez llegue esa documentación podrá presentar finalmente sus argumentos sobre la materia.
Fue a finales de este verano cuando se supo que los fiscales que dirigen las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte del emérito por una suma que ronda los cinco millones de euros.
A pesar de que se hablaba en un principio de poco tiempo hasta su archivo, la realidad es que las semanas han ido pasando y, entrados en noviembre, de momento no hay noticias desde el Ministerio Público al respecto. Estas fuentes lo achacan a que falta esa comisión rogatoria, y advierten de que el escenario que se plantea --de archivo de las pesquisas-- no es inamovible sino que puede variar en función de lo que arroje esa última diligencia.
El discurso de Navidad
De hecho, en caso de que no llegara a tiempo y se hiciera necesario pedir una prórroga, lo razonable y lógico es que se solicite. Con todo, si el archivo se aproxima a las fiestas de Navidad, es probable que el emérito cobre de nuevo protagonismo mediático justo cuando tiene lugar uno de los eventos más relevantes del año para la Casa Real, el discurso de Nochebuena.
Cabe recordar que las pesquisas sobre la fortuna y las sociedades del emérito se han extendido durante más de un año. En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales --que se conozcan--. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
La última prórroga
Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.
Puesto que las diligencias arrancaron en 2020 y en junio de ese año se prorrogaron, se espera que el decreto se presente antes de que llegue el fin de la prórroga en diciembre, que es cuando se debería tener que solicitar y conceder nueva ampliación.
En septiembre se tuvo conocimiento de que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelantaba El País, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.
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