La actual presidenta del Congreso Francina Armengol pagó durante la pandemia más de 50.000 euros en concepto de intermediación a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, la sociedad de la trama Koldo, cuando esas labores las estaba realizando otra empresa, según un informe al que ha tenido acceso Vozpópuli. En un primer momento esta factura se expidió como trámites de aduanas pero después se concretó que era por el flete del avión y el seguro del transporte aéreo, según aseguró el propio Gobierno balear.
La trama de Koldo que, como informaba hace cuatro años Vozpopuli, parte de una pyme con sede en Zaragoza denominada Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, una empresa que mantiene en secreto su actividad desde que presentó sus cuentas de 2021 y sobre la que orbita 52 millones de euros en mascarillas. Años después todos los movimientos de esta sociedad se encuentran bajo sospecha.
La duplicidad de las facturas
En los peores momentos de la pandemia, el Gobierno de Armengol en Baleares contaba con las gestiones en aduanas de la empresa LATIMAR S.L., una empresa que ejercía como agentes en todos los procesos de compra del material sanitario. "Soluciones de Gestión es un proveedor y no realiza gestiones aduaneras", afirmaban desde el Ejecutivo balear.
Sin embargo, desde el L'IBSALUD se publicó un contrato para esta empresa, vinculada a la trama Koldo, de 56.715,24 euros en concepto de gestión por los trámites aduaneros. "Por otra parte, debe revisarse la posible duplicidad a las gestiones aduaneras contratadas con los expedientes SSCC EM 310/20 y SC EM 227/20, tal y como se expondrá más adelante en estas alegaciones", explicaba el Ejecutivo de Armengol ante las advertencias de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares.
El Gobierno balear: el título puede dar lugar a confusión
Esta duplicidad de cometidos se explicaron en un escrito de alegaciones en el que se detalla que la empresa de la trama Koldo fue la que contactó con el IBSALUT para avisar de que habían fletado un avión repleto de mascarillas FFP2. "Que si estábamos interesados ellos se encargaban del transporte hasta Palma, debíamos hacernos cargo del gasto del flete y el seguro del transporte desde Madrid hasta Palma", afirmaron desde el Gobierno de Armengol.
"Una vez revisada la documentación técnica y revisado que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando por las mascarillas FFP2, se le encargaron 1.480.600 mascarillas de protección para vapores orgánicos FFP2 desechables por un importe total de 3.701.500 €; el proveedor ha emitido la factura núm. 20.035. por el importe señalado. También debe emitido la factura 20.046 por el importe de 56.715,24 € correspondiente al flete aéreo y el seguro del vuelo Madrid Palma", defendieron sobre esta duplicidad.
Desde el propio Gobierno de Armengol se admitió que: "Aunque el título de los expedientes pueda dar lugar a algún tipo de confusión en este sentido, las tareas realizadas por SOLUCIONES DE GESTIÓN y LANTIMAR en este envío son totalmente distintos".
Los contratos de Armengol
La investigación de la UCO de la Guardia Civil sobre la trama Koldo también está salpicando a las administraciones públicas que adjudicaron contratos con esta empresa. En el caso del Ejecutivo de Armengol, al igual que el resto, se tramitó por el procedimiento de negociado sin publicidad y carácter de emergencia. Los investigadores constatan que se efectuaron dos pagos, uno de ellos por importe de 3,7 millones de euros para el suministro de un millón y medio de mascarillas FPP2 y otro por importe de 56.715 euros por la gestión del flete de transportes desde la capital hasta Palma de Mallorca.
La primera de las irregularidades que destaca la UCO al respecto es que las mascarillas llegaron a Baleares el 27 de abril, pese a que la declaración de la tramitación de emergencia del contrato se solicitó dos días después, siendo el 4 de mayo cuando se produjo la resolución del órgano de contratación en la que se autorizaba la adjudicación.
Sobre ello, la Guardia Civil advierte que se entregó el material adquirido por Armengol "incluso antes" de acordar la tramitación de urgencia. Al respecto recuerdan que el artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que establece que salvo que la tramitación del expediente sea por emergencia no se puede proceder a ejecutar un contrato con carácter previo a su formalización.
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