El presidente de la Generalitat, Artur Mas, lleva dos años y medio desarrollando sin prisas pero sin pausa uno de los principales pilares financieros de una Cataluña independiente: la creación de un banco público catalán que “pueda financiar a pequeñas y medianas empresas, autónomos y a particulares cuando Cataluña sea un estado independiente”. Desde que fue investido en 2012, cuando perdió 12 diputados con su discurso a favor del “derecho a decidir”, se fijó dos objetivos financieros en lo que los nacionalistas e independentistas han llamado las “estructuras del futuro estado propio”.
“Hacienda propia” al margen de la Agencia Tributaria
Una es la creación de una Hacienda catalana para evitar pagar impuestos a las arcas estatales de la Agencia Tributaria y, la otra, el impulso de un banco público que se cree transformando el actual Institut Català de Finances (ICF), el ICO catalán.
El Ejecutivo de Mas tenía previsto que el ICO catalán obtuviera la ficha bancaria en 2015, pidiéndola a Bruselas sin pasar por Economía
Con ese objetivo ha logrado aprobar una moción en el Parlamento catalán para dar un marco legal autonómico que avale, según sus tesis, la creación de dicho banco, y gracias al apoyo de ERC y de CDC, el ejecutivo también le ha dado luz verde. Pero en los últimos días, previos a la disolución de la actual legislatura y la convocatoria de elecciones adelantadas para el próximo 27 de septiembre, Mas ha aprobado “in extremis” una importante transformación legal del ICF para estructurarlo como banco.
“El objetivo es que si los independentistas ganamos las elecciones, en la próxima legislatura se cree el banco público catalán que pediría ficha bancaria directamente a las autoridades de Bruselas sin pasar por el Ministerio de Economía ni el Banco de España”, aseguran a Vozpópuli fuentes próximas a la entidad financiera catalana.
Así pues, el pasado 29 de julio, el gobierno de Mas dio luz verde a la modificación de la ley del ICF de manera a que se adapte a la normativa de la Unión Europea. “El siguiente paso sería solicitar una ficha bancaria a las autoridades de Bruselas, que son las que conceden la consideración del futuro banco catalán”, explican las mismas fuentes financieras a este diario. El ejecutivo de Artur Mas tenía previsto que el ICF obtuviera la ficha bancaria en 2015, lo que lo convertiría en una de las "estructuras del estado" catalán que pretende el gobierno de la Generalitat.
Según los responsables del Instituto Catalán de Finanzas, la entidad tiene preparado desde hace algún tiempo su solicitud, y estaba a la espera de que la legislación europea estuviese definida para cursarla a Bruselas. Mas y su gobierno han aprobado antes de las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre un decreto ley que autoriza a la entidad a realizar estos pasos que se enmarcan en el clima de enfrentamientos y tensiones con el Gobierno de Mariano Rajoy.
A partir de aquí, el ICF podrá constituir una sociedad anónima, segregando su rama de actividad financiera, con “plena independencia de la Administración estatal”. El objetivo es que pueda actuar como entidad de crédito en el marco de Unión Bancaria Europea y fortalecerse como "instrumento de apoyo al tejido empresarial y a la economía productiva".
La entidad podrá empezar a partir de la próxima legislatura y si finalmente las fuerzas independentistas son mayoritarias en el nuevo Parlament, adaptarse al nuevo contexto. Al final del proceso será precisa la autorización del Banco de España. El ICF, dirigido por Josep Ramon Sanromà, podrá adaptar su estructura de gobierno y su gestión a su nueva forma jurídica. Fundado en 1985, el ICF tiene como objetivo primordial impulsar y facilitar la financiación del tejido productivo en Cataluña, especialmente de las pymes y autónomos.
Los planes de Mas
Entre las hipotéticas "estructuras del futuro estado independiente catalán" que ha enumerado Mas figuran una agencia tributaria catalana, la conversión del Instituto Catalán de Finanzas en un banco público, la reforma de los Mossos d'Esquadra para que sean una "policía integral", la elaboración de una futura ley de la función pública catalana y planes sobre la seguridad social.
El propósito catalán es el que banco público quede equiparado a las otras entidades de crédito que operan en el mercado financiero
Gracias al apoyo de CiU y de ERC, el Parlament aprobó hace ya dos años una proposición de ley que será enviada al Congreso de Diputados y que tiene como finalidad convertir el ICF en un banco público, para lo cual es preciso dotarlo de una "ficha bancaria" que le permita operar como entidad financiera. El propósito de la propuesta contemplaba que el ICF pueda quedar equiparado a las otras entidades de crédito que operan en el mercado financiero, como los bancos, cajas, o el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El diputado de ERC, Pere Aragonès, aseguraba entonces "no se confundan las cosas, porque queremos hacer un ICO catalán y no sustituir al Banco de España". Según este diputado independentista, ante "la existencia de un mercado muy regulado y supervisado" y "con un flujo de recursos en cada vez menos entidades", se trata de "disponer de un 'banco bueno' al servicio de la economía productiva de los catalanes".
En los recientes cambios normativos realizados por el gobierno catalán que afectan al ICF figura el nombramiento de tres nuevos consejeros: Mercè Domingo, Virgínia Verger y Francesc Casas, tal y como adelantaba economiadigital. Este es el último requisito –según la planificación de los independentistas- necesario de adaptación a la norma comunitaria para ser un banco público, según han asegurado fuentes del ICF.
La ficha bancaria, a partir de octubre o noviembre
Las distintas fuentes políticas consultadas por este diario en Barcelona coinciden en que para que el hipotético banco público catalán solicite la ficha bancaria hay que situarse en los próximos meses de octubre o noviembre y siempre y cuando Mas sea reelegido presidente de la Generalitat.
El ICF catalán se nutre a través de los mercados debido a la pérdida de credibilidad de la nota crediticia de Cataluña
La intención del equipo económico de Mas es que “el ICF se podrá constituir en una sociedad anónima, segregando su actividad financiera, con plena independencia de la Generalitat y de sus entidades”, aseguran. Hace dos años, el ICF dio créditos a las empresas por valor de 500 millones de euros.
Financiación al margen de los presupuestos
Cabe recordar que el actual ICF catalán no se financia a través de los presupuestos de la Generalitat sino que se nutre de liquidez en los mercados, “sea a través del Gobierno o en los mercados internacionales”, constatando la dificultad, en los últimos años, de que la Generalitat o sus organismos adscritos, puedan encontrar financiación en los mercados internacionales. Esto es así debido a la pérdida de credibilidad de la nota crediticia de Cataluña que arrastra una deuda de 67.000 millones de euros y que ha necesitado de más de 40.000 millones de euros en los últimos tres años del Gobierno central para financiarse y pagar a proveedores.
