El fiscal general del Estado se ha reunido esta semana con la cúpula del ministerio de Justicia para intercambiar información y coordinar estrategias ante los acontecimientos en Cataluña. Torres Dulce almorzó con el equipo del ministerio de Justicia, con el subsecretario Juan Bravo al frente, quien ha sido la mano derecha de Gallardón. Precisamente el encuentro se celebró en uno de los discretos reservados de un restaurante muy próximo a la vivienda del ex ministro.
La reunión abordó los asuntos candentes que afectan tanto al ministerio como a la fiscalía, en especial la evolución de los acontecimientos en Cataluña al menos hasta la fecha fijada para el referéndum secesionista. El objetivo es controlar los posibles brotes de desobediencia que planteen instancias oficiales catalanas a la decisión del TC de tumbar la ley de consultas y la convocatoria del referéndum.
Doble discurso desde el soberanismo
Artur Mas mantiene intacto su discurso sobre el plebiscito, aunque en el plano formal no se ha salido de los cauces legales. Hasta anoche. Después de cumplir con lo legalmente establecido y cancelar la campaña institucional de apoyo a la consulta, decidió sin embargo firmar el acuerdo de designación de los miembros del sucedáneo de junta electoral votada el martes en el Parlament. Con este paso, el President ha incurrido en un acto de ilegalidad manifiesta, entre la desobediencia y la prevaricación, de acuerdo con lo que han comentado estos días expertos en derecho constitucional. Se trata de una provocación muy seria que puede acarrear consecuencias inesperadas, según estas versiones.
Moncloa tiene previstos todos los pasos de respuesta a los nacionalistas catalanes, con Sáenz de Santamaría en el puente de mando. La llegada de Rafael Catalá al frente del departamento de Justicia supone un reforzamiento del equipo ‘monclovita’ ya que el sustituto de Gallardón no sólo es un ferviente 'marianista' sino que también mantiene una relación muy estrecha con la vicepresidenta desde hace años. Presidencia lleva el timón en tanto que el ministerio de Justicia ejerce de fundamental pieza de apoyo.
Recusaciones contra el TC
Las novedades se suceden con celeridad en torno a la marcha del órdago separatista. Ayer mismo los partidos que integran el frente pro-consulta solicitaron al Parlament la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos así como del magistrado Pedro González Trevijano, a quienes les achacan "falta de imparcialidad". Le reprochan al presidente su antigua militancia en el PP, pese a que tal circunstancia biográfica es perfectamente compatible con su actual cargo. A Trevijano, autor del escrito por el que se suspendían tanto la ley de consultas como la propia convocatoria del referéndum, le achacan sus notorias simpatías con el Gobierno del Rajoy y su afinidad ideológica con Faes (la muy beligerante Fundación de ideas de órbita aznarista).
La reunión del fiscal con los altos responsables del Ministerio sirvió para perfilar planteamientos y priorizar estrategias. El Gobierno ha dado instrucciones para que se responda con prudencia pero con contundencia a cualquier decisión que vaya en contra de la disposición cautelar del TC. No se admitirán pasos en esta dirección. La Fiscalía y la Abogacía del Estado serán las herramientas que utilice el Alto Tribunal para poner freno a cualquier tentación en la que pueda incurrir la Generalitat. No parece el caso, al menos de momento. Pero Artur Mas ha trasladado la presión política a las calles, a las movilizaciones, un escenario de difícil control.
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