El Gobierno del PP prepara una respuesta firme a los comisionados de las tres formaciones separatistas en el crucial pleno del próximo 8 de abril. Reforzado por el fallo del Constitucional, que refutó la presunta soberanía de Cataluña, Mariano Rajoy quiere mostrar una actitud muy dura en esa sesión parlamentaria. Cuenta, para ello, con el respaldo absoluto del PSOE y con los votos de UPyD. Casi un 80 por ciento de la Cámara rechazará las pretensiones soberanistas de solicitar las competencias para celebrar un referéndum. Este mensaje de firmeza, que sin duda tendrá un importante eco mediático dadas las expectativas que rodean al pleno, irá acompañado, al mismo tiempo, de claras ofertas de mano tendida al diálogo, siempre dentro de la ley y la Constitucional.
Interpretaciones al TC
Las fuerzas soberanistas catalanas pretenden esgrimir un pasaje del fallo del TC, en el que hace referencia al 'derecho a decidir', como una puerta abierta a sus planteamientos y a su proyecto. El TC, en efecto, no rechaza esta fórmula del 'derecho a decidir' siempre y cuando se plantee dentro de la legalidad y del marco constitucional. Y exhorta asímismo, en una referencia que ha producido más de una sorpresa, a un diálogo político para abordar esta cuestión.
A este punto precisamente se van a acoger los representantes del nacionalismo catalán. "Si hasta el TC habla de diálogo, Rajoy no podrá seguir encastillado en su inaccesible torreón", comentan desde CiU. La estrategia del Gobierno, sin embargo, es distinta. El TC rechaza una Cataluña soberana y un referendum ilegal. Ese va a ser el eje de los discursos del Gobierno al menos hasta las europeas, en las que deberán movilizar a esa gran parte de su electorado que ahora sestea en brazos de la posible abstención.
Pero tampoco hará oídos sordos a la invocación al 'diálogo' del Constitucional, que en los últimos días han jaleado con insistencia los voceros nacionalistas como una puerta abierta para salir del actual 'impasse'. Precisamente la palabra 'diálogo' prácticamente desterrada de las intervenciones de los dirigentes del Gobierno cuando se refieren a Artur Mas y su deriva secesionista, ha recuperado una mínima presencia en los discursos del PP.
'Dentro de la ley'
Así, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría, presente ayer en Barcelona para la convención regional del partido, luego de insistir en que "no habrá consulta porque no la puede haber", mensionó que es posible el diálogo "dentro de la ley". E incluso señaló que "hay diálogo y seguirá habiéndolo pero sólo en el marco de la legalidad". Un pequeño cambio de matiz, debido en parte a que se encontraba en Cataluña y también a desarmar preventivamente a Artur Mas cuando recurra al texto del TC como arma arrojadiza contra la intransigencia del Gobierno.
Dos meses por delante de esta singular muestra de "ducha escocesa" le va a dedicar el Gobierno a las reivindicaciones de Artur Mas, quien también parece haber suavizado levemente el tono de sus requerimientos. Dicen en Moncloa que "hay que empezar a apacigüar la situación porque esta tensión no conduce a ninguna parte". Y así se hará, pero sin dejar de mostrar una ostensible mano dura en cuanto al asunto crucial del debate: no habrá consulta porque no la puede haber.
Inversiones en Cataluña
La vicepresidenta, por ejemplo, ha recordado algunos de los aspectos en los que el Gobierno está actuando con particular miramiento hacia la sociedad catalana. Cataluña es la comunidad que mayor inversión ha recibido en infraestructuras, con todas sus capitales de provincia comunicadas por el AVE. El Estado garantiza el pago de las pensiones de los catalanes y acaba de transferir un paquete de casi cien millones de euros para el transporte en la provincia de Barcelona. Son gestos de comprensión, guiños hacia una sociedad bombardeada por la propaganda oficial soberanista y que no siempre recibe, por parte del Estado, al contraréplica precisa.
El ministro de Exteriores, García-Margallo, también insistió en la palabra 'diálogo' durante sus referencias a Cataluña desde su reciente periplo por el Extremo Oriente. Y el propio Duran Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, recordaba que el fallo del Constitucional también exhortaba a iniciar el camino del diálogo político.
Esta estrategia de palo y zanahoria, de contundencia en lo intocable y de reabrir la invocación al diálgo, prácticamente desterrada desde que Mas puso fecha y pregunta al referéndum secesionista, maracará la actitud el Gobierno en las próximas semanas. Nadie confía en que se consiga una modificación en los planteamientos de la Generalitat, pero sí en que se quedará sin argumentos de cara a la opinión pública, especialemente la internacional que tanto le preocupa.
Pero el 'plan B' de Mas sigue activo. Esto es, si no se consigue convocar el referendum por la víz legal de la Consttiución, recurrirá a la ley de consultas que estudia el Parlamento catalán y que puede quedar aprobada después del próximo 11 de septiembre. Para esa fecha, las organizaciones independentistas que impulsan los movimientos cívicos tienen previsto llevar a cabo otra masiva manifestación para forzar al Gobierno a admitir al menos la 'vía legal catalana' para la celebración del plebiscito. Un horizonte que ahora se antoja demasiado lejano. De momento, el Gobierno piensa tan sólo es superar las elecciones europeas con un mayor respaldo de su voto tradicional. Y para ello necesita mostrar una imagen firme y sin aristas ante el desafío de Mas.
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