El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afrontado este jueves uno de los trámites más amargos de su vida política: tener que declarar ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Joan Manel Abril, como imputado por la celebración de la consulta del 9-N.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli sostienen que la estrategia del molt honorable ha estado claramente diferenciada en dos aspectos. Mientras que Mas ha asumido al inicio de su comparecencia la responsabilidad "política" de la celebración de ese pseudo referéndum, ha eludido tener cualquier tipo de responsabilidad "penal" en la convocatoria y ejecución de la jornada participativa del pasado 9 de noviembre en Cataluña.
A Artur Mas -a quien le ha temblado el pulso mientras leía su declaración ante el juez, según sostienen fuentes presenciales en el interrogatorio- no le ha titubeado la voz en cambio a la hora de decir que él ha cumplido con el mandato del Tribunal Constitucional, que suspendió de forma cautelar el 9N a través de una providencia dictada el 4 de noviembre.
El Gobierno, en connivencia con el 9N
En este sentido, el president ha hecho referencia ante el juez a unas declaraciones que Rajoy hizo el 8 de noviembre del año pasado -en las horas previas a la consulta- en Cáceres donde el jefe del Ejecutivo manifestaba que la cita con las urnas del día siguiente no era "ni un referéndum ni una consulta" y "que no producía efecto alguno". Mas ha aludido a estas palabras del presidente del Gobierno para explicar que con esas declaraciones "cobardes" se demuestra que el dirigente popular no hizo lo más mínimo para frenar el 9N.
Mas ha declarado que el cumplió el mandato del TC y que Rajoy no hizo nada por impedir que la consulta del 9-N se celebrase
El imputado ha añadido que ni los Mossos d'Esquadra ni ningún otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado hicieron el amago de retirar las papeletas y las urnas de los colegios el día de la consulta lo que demuestra la connivencia del Ejecutivo central con la celebración de esta consulta.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha alegado ante el instructor del TSJC que el Tribunal Constitucional no respondió al recurso de súplica que se presentó contra el fallo donde se anulaba el proceso participativo y donde se solicitaba al tribunal de garantías -según la versión de Mas- que se especificase qué estaba prohibido hacer durante las jornadas del pasado 9 de noviembre.
Asimismo, el molt honorable ha explicado ante la atenta mirada del magistrado Joan Manel Abril y el fiscal Superior de Cataluña José María Romero de Tejada que el proceso se puso en marcha antes del 4 de noviembre -día que el TC paralizó la consulta- y que una vez que la maquinaria se había activado para la celebración del 9-N, la Generalitat no tenía medios materiales para frenarla.
Rifirrafe con el fiscal
Cuando ha sido preguntado por el juez sobre la financiación de dicha jornada, el presidente catalán ha defendido que el dinero salió de las "partidas generales" de la Consejería de Educación pero que no se tocaron los fondos que inicialmente la Generalitat iba a destinar para la celebración de esta convocatoria a través de una partida concreta. Por otro lado, Mas ha echado balones fuera al asegurar que la "responsabilidad de la organización" y de la colocación de las urnas en los colegios e institutos públicos catalanes fue exclusivamente de los "voluntarios".
Otro punto interesante de los 80 minutos que el president ha comparecido en sede judicial se ha producido cuando Mas ha acusado al fiscal Emilio Sánchez Ulled de actuar contra él por orden del Gobierno.
El imputado ha señalado que no iba a responder a las preguntas de la Fiscalía porque interpuso una "querella política" contra él y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Entonces el fiscal ha respondido de forma contudente, también en catalán, que él actúa atendiendo al principio de legalidad y imparcialidad. Sánchez Ulled, que tenía a Romero de Tejada sentado a su izquierda, ha contestado de forma vehemente que no sigue órdenes de nadie más y que no iba a aceptar que se pusiera en cuestión su imparcialidad.
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