España

Arturo Fernández llamó a González el día que declaró ante el juez preocupado por Fundescam

En ese pinchazo telefónico, que forma parte del sumario de la operación Lezo, cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Arturo Fernández por Fundescam y las donaciones que se hacían a esta fundación, González evadía responder de forma clara al donante del PP. El expresidente madrileño ya sabía que tenía las comunicaciones intervenidas.

El empresario Arturo Fernández, imputado por la presunta financiación irregular del Partido Popular (PP) de Madrid, declaró el pasado 8 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por el caso Púnica. Ese mismo día, tras quedar en libertad sin medidas cautelares, el dueño del grupo Cantoblanco realizó una llamada telefónica que ha sido muy reveladora a los ojos de los investigadores de la operación Lezo.

Tras abandonar a mediodía el tribunal por su propio pie, Fernández llamó al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablarle de la Fundación Fundescam, a través de la que distintos empresarios habrían alimentado la Caja B del PP de Madrid para sufragar comicios electorales.

Según informan fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli, en el citado 'pinchazo' telefónico entre Arturo Fernández e Ignacio González queda perfectamente reflejado cómo el ex presidente madrileño hablaba con extremada cautela con el empresario al que apenas respondía de forma monosilábica con 'síes' y 'noes'. Cada vez que el delfín de Esperanza Aguirre era preguntado por Fundescam, y las donaciones que se hacían a esta fundación, éste evadía responder de forma clara al donante del PP.

Este dato hizo que tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), como la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Velasco no tuvieran ninguna duda de que el presunto cabecilla de la operación Lezo era consciente de que tenía el teléfono intervenido. Si bien es cierto que a lo largo de toda la investigación secreta de esta causa, los investigadores tuvieron esa sensación hubo un par de datos de que fueron claves para tener la certeza de que González sabía que estaba siendo investigado. Uno de estos datos fue las escuetas respuestas que dio el pasado 8 de marzo a un preocupado Arturo Fernández.

El hecho de que el principal acusado de la operación Lezo supiese de antemano que estaba siendo investigado hizo que las pesquisas secretas de esta causa de corrupción no se pudieran prolongar más en el tiempo, puesto que en la Audiencia Nacional se era muy consciente de que este hecho podría perjudicar la investigación y, sobre todo, la posterior recuperación de activos presuntamente evadidos, apuntan fuentes del caso.

La tapadera de Fundescam

Tal y como consta en la contabilidad de Fundescam, Arturo Fernández era uno de los empresarios que donaba con cierta frecuencia fondos a las arcas de los 'populares'. En concreto, consta una trasferencia a dicha fundación por valor de 57.030 euros entre 2003 y 2004 y otra por valor de 60.000 euros realizada el 7 de marzo de 2007.

Según queda reflejado el sumario de la operación Púnica, tanto el juez Velasco, como Anticorrupción y la UCO sostienen que "se ha podido acreditar como importantes gastos electorales en las elecciones de los años 2007 y 2008 (e indiciariamente en el año 2011) del Partido Popular que se habrían sufragado a través de la Fundación Fundescam, utilizando para ello subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid, las cuales eran justificadas por la referida fundación con facturación por conceptos mercantiles falsos que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid". 

Además, en uno de sus informes, la UCO sostiene que Ignacio González era "conocedor del abono de gastos electorales mediante subvenciones públicas (…) y por lo tanto directo partícipe privilegiado en los hechos citados, no en vano se encontraba donde se promueve y paga la subvención (CAM), donde se justifica (Fundescam) el gasto de la subvención y donde se materializa realmente el gasto (como jefe de campaña)", subraya la UCO en uno de los informes del caso Púnica.

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