Los escándalos que han salpicado en los últimos días al vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, ya empiezan a pasarle factura. Y no solo en la patronal, organización en la que ayer Arturito amagó con dimitir, aviso que se quedó en un “tiempo de reflexión” sin probabilidad de cese. Los problemas también le asaltan en los negocios: según ha podido saber Vozpópuli, Grupo Arturo Cantoblanco, el colosal emporio hostelero que regenta Fernández, ha perdido el contrato en un edificio del Ministerio de Turismo, al que debe desde 2003 algo más de 2,7 millones.
Se trata del alquiler del servicio de restauración del Palacio de Congresos de Madrid, en el que tiene su sede el Instituto de Turismo de España (Turespaña). El dirigente empresarial aterrizó en el inmueble en 2003, donde se hizo con el servicio de catering por un periodo de cuatro años que luego renovó, según fuentes consultadas. Ante los sucesivos impagos, el ministerio que tutela el canario José Manuel Soria ha decidido quitarle el contrato, que hoy sigue desierto, como ayer podía leerse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De hecho, el Grupo Cantoblanco no prestaba el servicio en Turespaña, sino que era el titular del contrato pero subarrendaba la labor a una filial del Grupo Husa, propiedad del exvicepresidente culé Joan Gaspart. El pasado 30 de enero, El Economista reveló la deuda de 2,7 millones con el instituto de turismo. El lunes, la cadena Ser habló con trabajadores de Arturo Cantoblanco sobre supuestos pagos de los salarios en negro como práctica habitual en las empresas y filiales. Y el martes, este medio publicó otra deuda de dos millones de euros que Arturo Fernández ha contraído en los últimos años con la institución ferial Ifema.
Demasiados baches para el también presidente de la patronal madrileña CEIM, siempre bien relacionado con el poder: con 3.000 trabajadores operando en 120 establecimientos, no le ha ido nada mal en lo tocante a los negocios, sobre todo a la hora de contratar con instituciones, organismos y edificios públicos (como la cafetería de UGT, la del Congreso o la de la Asamblea de Madrid). Fuentes anónimas del Gobierno aseguran que su caída en desgracia le puede privar de nuevos contratos. Ayer los sindicatos movilizaron a sus delegados en el grupo para examinar la situación laboral en cada una de las firmas de Arturo Fernández.
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