El gobierno de Cataluña sigue empeñado en arrinconar a los profesores que utilizan el castellano en las aulas. El curso escolar arrancó con el catalán como única lengua vehicular después de que la Generalitat fabricase un armazón jurídico para sortear la sentencia judicial que blinda, al menos, un 25% de horas lectivas en español, y, ahora, a dos meses de finalizar, las autoridades catalanas insisten en blindar los proyectos lingüísticos sin contemplar porcentaje alguno. Para ello, están obligando al profesorado a declarar por escrito que cumplen con los proyectos "en los términos que se adecuan a la normativa y jurisprudencia vigente". Así lo denuncia Docentes Libres, una plataforma que defiende "la neutralidad y la libertad en la educación" en la citada comunidad autónoma.
"La sensación de los profesores que usan el castellano en las aulas para relacionarse con los alumnos es de estar siempre expuestos a que se tomen medidas contra ellos. Vienen a por nosotros y es una pena. Estamos solos, indefensos y sometidos a chantaje psicológico constante", relata el portavoz de la entidad, Carlos Silva, a 'Vozpópuli'. Es catedrático de inglés en un instituto de Hospitalet de Llobregat y, según explica, la Generalitat ha hecho llegar un documento a todos los centros de Secundaria en el que, además de confirmar que han cumplido con el horario establecido, los docentes se ven empujados a suscribir una frase que dice así: "El abajo firmante declara que imparte las materias en la lengua que consta en el Proyecto Lingüístico del Centro". En otros papeles similares, los profesores han de declarar que cumplen con los planes "en los términos que se adecuen a la normativa y jurisprudencia vigente".
Denuncian un señalamiento a los profesores
"Se trata de un documento que tenemos que firmar cada año y, hasta la fecha, había que confirmar el cumplimiento de los horarios, aparecía registrado tu cargo y otra información persona. Pero han aprovechado para colar el asunto de los proyectos lingüísticos con el fin de presionar a los profesionales y de señalarles", denuncia Silva.
Y añade: "Aunque no tenga ninguna validez ni legal, la Generalitat está forzando a los profesores a declarar por escrito que dan sus clases en catalán y, en definitiva, ejerciendo una presión psicológica sobre ellos. Si te niegas a firmar, te señalas a ti mismo y, si lo firmas y no lo cumples con lo declarado, podrías exponerte a una medida administrativa".
Estamos indefensos y sometidos a un chantaje psicológico constante. Siempre expuestos a que se tomen medidas contra nosotros"
De acuerdo al presidente de Docentes Libres, esta estrategia supone "un mecanismo perverso" y "una encrucijada" para los profesores. "Estamos constantemente señalados y vigilados", lamenta. Como alternativa, desde su plataforma están pensado en proponer a los firmantes que añadan de puño y letra que cumplen con el proyecto "siempre y cuando esté dentro del marco legal". "Es una especie de acto de resistencia y de dignidad, pero te señalas igualmente. Cada profesor tiene una situación distinta. No es lo mismo alguien recién llegado o un interino, que un funcionario con plaza fija con 20 años de experiencia en el mismo centro", compara.
"Mirad lo que ha pasado con enfermera"
Por lo general, apunta, ningún profesor quiere hablar. "Mirad lo que ha pasado con enfermera. Cada uno tiene su situación y su vida. Aquí en Cataluña, o sigues la corriente y te sientes pisoteado; o plantas cara a sabiendas de la que te espera", advierte Silva.
Además, desde la asociación que pilota aseguran que varios docentes han suscrito el documento sin tener en cuenta las novedades. "Como se trata de un texto que firman anualmente, no han reparado en la letra pequeña y se han adherido a la declaración planteada por la Generalitat. Lo normal es confiar en tus superiores, nadie piensa que te van a tratar de colar nada...", apostilla el catedrático.
No obstante, comenta, los proyectos lingüísticos de ahora mismo son papel mojado. "Tendrían que haberse cambiado para adaptarse a la sentencia y no lo han hecho, así que se encuentran, cuanto menos, en una situación de alegalidad", sostiene.
Por su parte, las autoridades del Departamento de Enseñanza de Cataluña están de celebración. El consejero del ramo, Josep María González-Cambray, ha aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la 'ley Celaá' en cuanto al uso del castellano y las lenguas cooficiales en las aulas, y ha augurado que "todos los pronunciamientos que haga el TC irán en esta misma línea".
Cambray entiende que, "por primera vez", el TC se ha pronunciado defendiendo que el aprendizaje de las lenguas en el aula no va de proporciones ni de porcentajes, y que de la Constitución no se deriva la necesaria fijación por parte del Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo.
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