Limoges (Francia), verano de 1961. El anarquismo español se reúne en su II Congreso Intercontinental con el objetivo de cerrar sus fisuras internas, con una vertiente posibilista y otra ortodoxa, en principio irreconciliables. En la reunión se decide reunificar la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y lanzar una alianza con los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Solidaridad de los Trabajadores Vascos (STV). Pero también se toma una decisión trascendental para la trayectoria del anarquismo, que quedó soterrada y guardada bajo máxima reserva: la creación de Defensa Interior, un grupo terrorista que pretenderá sacudir los cimientos del Franquismo… matando al propio Franco. Para ello urdirán un plan que requerirá el uso de las armas que la Resistencia francesa ocultó durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta es una de las conclusiones que el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, arroja en su informe Víctimas de Defensa Interior. La violencia anarquista contra la dictadura y sus consecuencias (1962-1965), publicado en la revista Hispania del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Un documento que discurre por la trayectoria de uno de los grupos terroristas menos conocidos de España, que acabó con la vida de una persona e hiriendo a otras 35.
España se sacudía en tiempos convulsos, con el maquis en claro declive, ya huérfanos del apoyo internacional del apoyo internacional y diezmados por las detenciones y ejecuciones del régimen de Franco. También operaban el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) -autor de la bomba que mató a la pequeña Begoña Urroz, en un atentado que durante décadas se atribuyó erróneamente a ETA-, el Movimiento Español 1959, la Unión de Combatientes Españoles, el Movimiento por la III República y por la reconstitución del Ejército Repúblicano y el Frente Español de Liberación Nacional.
Grupos que, de un modo u otro, se inspiraban en los movimientos guerrilleros que habían derrocado a las dictaduras de Marcos Pérez Jiménez y de Fulgencio Batista, en Venezuela y en Cuba, con figuras como Fidel Castro o el Che Guevara como líderes reconocibles. Y todos ellos compartían un denominador común: recurrían a la violencia para alcanzar sus objetivos.
Objetivo: matar a Franco
En la misma línea se ubicaba Defensa Interior, constituido en la reunión anarquista de Limoges de 1961. Pretendían tomar las armas y deponer el régimen de Franco. Y a ser posible acabar con su vida. La mayoría de sus miembros eran hijos de anarquistas exiliados que comenzaron a perpetrar sus atentados en España bajo la reivindicación poco creíble de un grupo fantasma denominado Consejo Ibérico de Liberación. ¿Por qué no se atribuían las acciones para ganar una mayor notoriedad? No querían que se les vinculase con la CNT y que ésta fuese ilegalizada en Francia.
El plan de acabar con Franco necesitaba armas. Y los miembros de Defensa Interior recurrieron a los antiguos depósitos de armas y municiones que la Resistencia francesa había ocultado durante la Segunda Guerra Mundial en su lucha contra el nazismo. El arsenal, no obstante, presentaba un problema. Tenía por lo menos dos décadas de antigüedad, las condiciones de almacenamiento no eran las idóneas y, por tanto, buena parte estaba defectuoso o inoperativo. Así, los miembros de Defensa Interior recurrieron al mercado negro para hacerse con las armas que les ofrecían los traficantes, con lo que consiguieron paliar las deficiencias detectadas.
Con hombres armados, sólo les faltaba entrar en acción. La cúpula de Dirección Interior acordó, en mayo de 1962, que a partir del mes siguiente cometerían los primeros atentados. Durante un año colocaron cuarenta artefactos explosivos en España y en el extranjero, en infraestructuras críticas, edificios oficiales e incluso contra redacciones de periódicos. En muchos de los casos la Policía no fue capaz de atribuir los ataques a Defensa Interior, confusa ante la amalgama de movimientos que también utilizaban el terrorismo para la consecución de sus objetivos políticos.
El atentado más sonado de Defensa Interior tuvo lugar el 13 de junio de 1962, al estallar una bomba en la madrileña calle de Sagasta. Un hombre resultó muerto y otras dos personas, heridas. La víctima respondía a la identidad de Manuel Eleuterio Liáñez Benítez, nacido en Huelva hacía 71 años. Su trayectoria vital se sostenía en la incesante búsqueda de trabajo (que probablemente le llevó a Madrid), su militancia en CNT y algún roce con las autoridades, después de ser detenido acusado de hurto. Liáñez Benítez fue la única víctima de Defensa Interior, un anarquista asesinado por otros anarquistas.
Fernández Soldevilla, no obstante, considera que su historial filtrado a la prensa fue exagerado y que la “penuria de aquellos años” había disparado el índice de delitos contra la propiedad. Liáñez Benítez cobraba una pensión de 400 pesetas mensuales, de las que 300 se derivaban en el pago de una habitación compartida en una pensión. La principal hipótesis es que aquella mañana tocó la maleta abandonada en la calle Sagasta por Defensa Interior, siendo la primera persona al alcance de la explosión. Su nombre ni siquiera figura en la lista de víctimas del terrorismo reconocidas por el Ministerio del Interior -pese a que sería la segunda persona de la lista, detrás de la niña Begoña Urroz- porque nadie lo ha reclamado: no tenía hijos, pero sí un hermano.
¿Y el objetivo de Defensa Interior de matar a Franco? Lo intentaron… y fracasaron. En agosto de 1962, los terroristas colocaron una bomba cargada con veinte kilos de explosivos en la cuneta de la cuesta de Aldapeta, en la carretera de San Sebastián a Hernani. Todo estaba dispuesto para hacerla estallar al paso del dictador, como hacía todos los veranos para trasladarse hasta el Palacio de Ayete. Pero ese año Franco retrasó su visita a la capital guipuzcoana. La batería de la bomba se estaba quedando sin batería y Defensa Interior decidió explotarla el 19 de agosto, provocando pocos daños materiales.
La propia existencia de Defensa Interior se fue extinguiendo, sin capacidad para mantener su actividad y perseguida por las Fuerzas del Orden Público. Dos de sus miembros, Joaquín Delgado y Francisco Granado, fueron ejecutados mediante garrote vil en agosto de 1963, acusados de perpetrar un atentado con bomba en Madrid que arrojó un balance de 31 personas heridas. Tres décadas después, en 1996, otro miembro de la organización, Martín Bellido, confesó en un programa televisivo su participación en el atentado, lo que libraría a Granado y Delgado de la autoría material que les costó la vida.
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