"No recuerdo nada". José Alén llevaba 35 años casado con su esposa, Virginia Ferradás, cuando el 29 de enero de 2017 empezó a tener una fuerte discusión con ella. Él llevaba ya tiempo mostrando síntomas de una enfermedad desconocida, una "demencia frontotemporal", y por eso, su mujer, preocupada, no le dejaba las llaves para salir de casa.
Él, enfadado, acabo estrangulándola, provocándole la muerte. Este viernes la Audiencia de Orense resolvió imponerle una pena diferente a la de muchas otras personas que han cometido incidentes de este tipo, pero contraria a los deseos de su familia: los 14 años de internamiento psiquiátrico en un centro de la administración penitenciaria, como pedía la Fiscalía.
El sospechoso, oriundo de O Carballiño, se encuentra "afectado por una demencia con un deterioro grande de las funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad, que provoca una grave afectación de sus facultades de comprensión y de actuación", esgrime la sentencia, que vuelve a llamar la atención sobre un tema tan complejo y desconocido como es la potencial reinserción social de estas personas.
Destierro
Por ser de Galicia, precisan fuentes de Instituciones Penitenciarias a Vozpópuli, José (60) deberá intentarla a unos 1.100 kilómetros de distancia de su familia, en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Como él, hay otras 539 personas enfermas mentales graves para las que un juez ha decretado la "privación de la libertad" en un centro psiquiátrico de la Administración carcelaria.
La distancia no facilita el mantenimiento de vínculos ni mejora de los vínculos previos. La persona queda así desvinculada de su entorno, es una sobre pena"
Para ellas, hay solo dos centros: el alicantino (al que van los nacidos en la mayoría de las comunidades, con excepción del País Vasco y Cataluña), y su similar en Sevilla, al que se dirigen los enfermos mentales "con medidas de seguridad" de Andalucía y Extremadura.
"La distancia no facilita el mantenimiento de vínculos ni la mejora de los vínculos previos. La persona queda así desvinculada de su entorno, es una sobre pena. Es una barrera para la recuperación y reinserción de estas personas, que están enfermas y deberían estar mejor protegidas atendiendo al derecho a la salud y a la reinserción recogidos en la Constitución", señala a este periódico Julio Bobes, presidente de la Sociedad Española de la Psiquiatría.
Lastre continuado
Bobes considera que existen ya diferentes fórmulas estudiadas para abordar la cuestión de este tipo de enfermos - con personal y/o centros especializados en sus comunidades - pero la falta de recursos a nivel autonómico/estatal en este tema han hecho que "un problema antiguo, conocido, desde hace tiempo" se mantenga, con solo dos centros para casi toda la Península. Desde Instituciones Penitenciarias inciden en que el Ejecutivo central lleva tiempo intentando sin éxito transferir la competencia sanitaria en prisiones a otras comunidades al margen de Cataluña y Euskadi.
"Cuando se transfirió la Sanidad a las comunidades, no se hizo con los fondos suficientes, llevamos con un déficit de 30 años en materias como esta", dice Bobes, que puntualiza como en comunidades con mayores dotaciones e incluso, la competencia en prisiones, como Cataluña, "hay un desarrollo de prisiones ejemplar, dispositivos muchos más modernos, equipos muy bien pensados y centros específicos". En el caso concreto de los enfermos mentales, desde Instituciones Penitenciarias destacan por su parte el ejemplo de Euskadi, con un centro específico para los condenados con enajenación mental.
"Quizá no es rentable política y económicamente que haya centros específicos para estos enfermos en las distintas Comunidades. Pero a efectos de la justicia, son presos, que han cometido delitos"
Luego está la fórmula de enfoques de tratamientos "ambulatorios" que reivindica la Confederación de la Salud Mental y que cohesiona a familiares de personas afectadas. "Ningún enfermo mental debería estar en algo considerado como una prisión, y el segregarlos encima les estigmatiza", revindica el presidente de la Confederación, Nel Anxelu.
"Quizá no es rentable política y económicamente que haya centros específicos para estos enfermos en las distintas Comunidades. Pero a efectos de la justicia, son presos, que han cometido delitos", recuerda en cualquier caso Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. "Fruto de su enajenación mental, precisan de un cuidado distinto, y a la vez no pueden estar con otros presos u otras personas en general que no estén preparadas, dado que nos guste o no, se trata de personas potencialmente peligrosas".
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