Los cinco principales cuerpos de la Seguridad Social han redactado un comunicado conjunto para denunciar que el pacto alcanzado entre Pedro Sánchez y el PNV para la investidura "vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera". En concreto, el texto se refiere a la transferencia de competencias de la Seguridad Social a País Vasco, la cual quebranta el artículo 41 de la Constitución.
El texto denuncia que "la articulación del sistema de Seguridad Social no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas" de modo que apela "a la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales para que se refuerce su gestión exclusiva por el Estado como única forma de garantizar su uniformidad y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso".
El texto que denuncia esta situación ha sido firmado por la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, la Asociación Profeisonal de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social).
El artículo citado, el cual el acuerdo dinamitaría, afirma que en España hay "un régimen público de Seguridad social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social".
El comunicado explica que para garantizar esa igualdad, "la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal que se integra no solo por la titularidad, recaudación y administración de los recursos financieros del sistema sino también por el reconocimiento y pago de las prestaciones de Seguridad Social en cuanto obligaciones imputables a dicha caja".
La competencia exclusiva de la Seguridad Social por parte del Estado es algo que también subraya el Tribunal Constitucional, según el texto difundido: "La gestión estatal de las prestaciones integra la competencia exclusiva del Estado, como elemento necesario para salvaguardar la unidad del sistema y la igualdad de los españoles".
De este modo, según el juicio de las asociaciones firmantes, "la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad todos los españoles, con independencia del territorio donde residan".
El texto sentencia que "la sostenibilidad y garantía de nuestro sistema no se consigue mediante la renuncia del Estado a sus competencias atribuidas constitucionalmente sino, todo lo contrario, con el refuerzo y garantía de las mismas mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y el reconocimiento de la consideración a los cuerpos de funcionarios que integran su Administración como de carácter nacional o de habilitación nacional".
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