Más de 290.000 personas en España continúan atrapadas en la lista de espera del sistema de dependencia, aguardando a que se les asigne un servicio o prestación, según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta situación, descrita como un "laberinto burocrático", refleja el grave atasco en la gestión de las ayudas a la dependencia, en el que cada 15 minutos fallece una persona sin haber recibido el apoyo necesario, tal y como apunta la agencia EFE.
Incremento de la intervención estatal, pero desigualdad territorial
Entre 2020 y 2023, el Plan de Choque impulsado por el Gobierno permitió un notable incremento de la financiación estatal en el sistema de dependencia, con un aumento del 138 % en la aportación del Ejecutivo. En contraste, las comunidades autónomas solo elevaron su inversión en un 9 % durante el mismo periodo.
En 2023, el Gobierno central asumió el 29 % de la financiación pública del sistema, equivalente a 3.292 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas aportaron el 71 % restante, es decir, 8.230 millones de euros. Sin embargo, este reparto no es uniforme, ya que la inversión varía significativamente por territorios, lo que genera profundas desigualdades en la atención a las personas dependientes.
Comunidades en las que retrocede la inversión en dependencia
A pesar de la inyección estatal de fondos, tres comunidades autónomas han reducido su gasto en dependencia durante el Plan de Choque. Castilla y León, una de las más afectadas, ha disminuido su inversión en un 34,7 %, seguida por Galicia, con un recorte del 6,4 %, y Aragón, que ha reducido un 3,2 %.
Estos retrocesos en el gasto ponen de manifiesto una gestión dispar que agrava la situación de miles de personas dependientes que aguardan una prestación, más todavía con la crisis política que sufre el país desde el capítulo del 'cupo catalán'.
Diferencias regionales en la inversión por persona dependiente
El informe destaca también las diferencias en la inversión media por persona potencialmente dependiente. El País Vasco, con 2.848 euros por persona, lidera el gasto, seguido de Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). Por el contrario, comunidades como Galicia, que destina apenas 1.073 euros por persona, Canarias (1.248 euros) y Murcia (1.504 euros) se sitúan a la cola.
La media nacional en cuanto a inversión por persona dependiente se sitúa en 1.815 euros, lo que evidencia una desigualdad territorial alarmante en la atención a la dependencia. En algunas regiones, la atención es insuficiente, lo que pone en riesgo la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
Comunidades que lideran la financiación autonómica
En el otro extremo, algunas autonomías destacan por su mayor compromiso económico con la dependencia. El País Vasco nuevamente se posiciona a la cabeza, asumiendo el 84 % del gasto en atención a personas dependientes. Otras comunidades que destacan son Navarra (81 %), Extremadura (78 %) y la Comunidad Valenciana (78 %).
En contraste, las comunidades con menor aportación autonómica al sistema de dependencia son Galicia y La Rioja, ambas con un 59 %, seguidas de Andalucía (62 %) y Castilla y León (63 %). Estas cifras reflejan una clara disparidad en la capacidad de los territorios para garantizar la cobertura adecuada de las ayudas a la dependencia.
El "laberinto burocrático" y la necesidad de mejorar el sistema
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales no solo denuncia el estancamiento en la lista de espera, sino también la inequidad en el acceso a las prestaciones entre las distintas comunidades autónomas. Cada día, personas en situación de dependencia quedan atrapadas en un sistema que no responde a tiempo a sus necesidades. La lentitud en la tramitación, sumada a las desigualdades de inversión, genera lo que muchos han calificado como un colapso burocrático.
Además de las diferencias en el gasto, también se enfrentan desigualdades estructurales en la gestión de la dependencia. Algunas regiones han avanzado en la reducción de los tiempos de espera, pero muchas otras siguen sin poder resolver el problema del atasco administrativo, que impide que los recursos lleguen de manera eficiente a los ciudadanos.
¿Qué se puede hacer para mejorar?
La situación requiere una respuesta urgente y coordinada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Algunos expertos abogan por la necesidad de un modelo de financiación más equitativo que permita una mayor homogeneidad en el acceso a las prestaciones, independientemente del lugar de residencia del solicitante.
Asimismo, es imprescindible avanzar en la simplificación de los trámites para acceder a las ayudas, ya que muchos dependientes, especialmente los de mayor edad, se encuentran en situaciones vulnerables que no les permiten lidiar con largos procedimientos administrativos.
La digitalización de los procesos de solicitud y asignación de ayudas, así como un refuerzo de los recursos humanos destinados a la atención a la dependencia, podrían ser pasos claves para agilizar el sistema y reducir la brecha territorial.
Un sistema que debe mejorar para no dejar a nadie atrás
El atasco en la lista de espera para las ayudas a la dependencia es un problema que afecta a más de 290.000 personas en toda España, y cada una de ellas enfrenta un futuro incierto mientras aguarda su prestación. La profunda desigualdad entre comunidades autónomas no solo agrava esta situación, sino que evidencia la necesidad de reformar y unificar el sistema para garantizar un acceso equitativo a las ayudas, independientemente de la región.
Con un aumento significativo en la financiación estatal pero disparidad en las aportaciones autonómicas, la urgencia de solucionar esta problemática se vuelve más apremiante. Agilizar la burocracia, incrementar la inversión en regiones más desfavorecidas y avanzar hacia un sistema más igualitario son desafíos que, de no abordarse, seguirán dejando atrás a miles de personas vulnerables.
Este es un reto crucial para el futuro de la dependencia en España. El momento de actuar es ahora, para que nadie más se pierda en el llamado laberinto burocrático mientras espera el apoyo que necesita.
