Controlar con minuciosidad cerca de 200 kilómetros de playa en los que se concentran cientos de miles de turistas en pocos meses es una misión casi imposible. Por ello el Gobierno decidió este verano esmerar la vigilancia policial en las playas más concurridas de la Costa del Sol. Lo hizo después de recibir de los servicios de inteligencia la información de que una de las ramas del terrorismo yihadista podía golpear como lo había hecho en la playa tunecina de Kantaoui a finales de junio, donde dos activistas del ISIS armados con kalashnikov mataron a casi cuarenta personas.
Los servicios de inteligencia han informado al Gobierno de que el terrorismo yihadista apuesta por atentados cada vez más indiscriminados
Desde el Ministerio del Interior se coordinó a los diferentes cuerpos de seguridad, policía local incluida, para que extremaran los controles en las zonas del litoral más frecuentadas en los meses de julio y agosto, sobre todo. A los quince días de arrancar la operación se disparó una alerta en una de las playas sometidas a especial vigilancia, puesto que una persona de fisonomía árabe irrumpió con una pistola amenazando a los bañistas. Fue una falsa alarma porque pronto se pudo comprobar que el arma era de juguete y el sospechoso era deficiente mental.
Los servicios de inteligencia españoles mantienen una estrecha colaboración con los americanos, los franceses, los británicos y los marroquíes, la cadena de información más eficaz que en estos momentos puede haber para tratar de prevenir atentados como los que han sufrido Túnez o París a lo largo de este año. Los informes que estos servicios han trasladado al Gobierno superado el verano siempre han acentuado que, pese a no estar ni mucho menos exenta de riesgo, España se encuentra algo menos expuesta que Reino Unido o Francia a nuevos golpes yihadistas.
Mientras que Gran Bretaña y Francia tienen que extremar la vigilancia sobre los extremistas desplazados a Siria, Irak o Mali para recibir adiestramiento de las diferentes facciones de Al Qaeda, unos 900 en el primer caso, 700 en el segundo, España tiene que volcarse en menos de un centenar, ya que se viene ejerciendo desde hace años un control bastante exhaustivo sobre los que están a punto de enrolarse en las organizaciones yihadistas, impidiéndoles la salida del país. Eso evita tener luego que vigilar su regreso, generalmente en condiciones mucho más difíciles para recabar información sobre ellos. Es lógico que a los servicios de inteligencia les preocupen más los que vienen que los que se van, puesto que los primeros se supone que ya vienen entrenados y preparados para golpear. La cooperación con Marruecos también es estrecha, pues tiene desplazados a lugares de entrenamiento a cerca de 1.500 nacionales. En cualquier caso, informan en el Gobierno, España ha conseguido ejercer un control bastante riguroso sobre las rutas de ida y vuelta de los yihadistas, mejor incluso que el que tienen organizado los servicios marroquíes. La investigación es muy compleja, sobre todo por su amplitud, pues los terroristas no solo potencian la inmigración ilegal, sino también el tráfico de armas y de drogas.
Competencia entre las distintas ramas de Al Qaeda
En el Gobierno se da por hecho que la competencia que mantienen las diferentes ramas de Al Qaeda por liderar el terrorismo yihadista obliga a mantener el estado de alerta en las principales capitales europeas. Es obvio que quien cometa las acciones más brutales ganará puntos en la carrera hacia este liderazgo, lo que explica la rápida reivindicación por parte del ISIS de la matanza perpetrada este viernes en París.
Cuando el pasado enero fueron asesinados a quemarropa una docena de periodistas del semanario Charlie Hebdo, los servicios de inteligencia trasladaron al Gobierno el convencimiento de que los atentados iban a incrementarse en Europa y, además, iban a ser todavía más espeluznantes. Se reforzaron entonces las medidas de vigilancia en los principales depósitos de armas de las Fuerzas Armadas, pues prevalecía la certeza de que en posteriores ataques se iba a atentar de forma indiscriminada contra los ciudadanos, aprovechando sobre todo las zonas de grandes aglomeraciones.
En España residen cerca de tres millones de ciudadanos musulmanes y hay 1.300 mezquitas, muchas de ellas clandestinas
Después de estos avisos llegaron los dos atentados en Túnez, uno junto al museo del Bardo en el que perdieron la vida cerca de una veintena de personas y, posteriormente, el de la playa de Kantaoui. Vista ahora la tragedia de París, se asegura en el Gobierno, sería una grave irresponsabilidad bajar la guardia en un país como España donde el 11-M de 2004 dejó para siempre una huella imborrable. La tarea no es sencilla: aquí viven cerca de tres millones de ciudadanos musulmanes y no hay medios suficientes para vigilar las 1.300 mezquitas que hay levantadas en la península, muchas de ellas clandestinas, que es donde puede recabarse la información más útil.
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