La Audiencia Nacional ha procesado este viernes a cinco dirigentes de ETA por su responsabilidad al frente de la banda terrorista en el asesinato del que fuera del concejal 'popular' Gregrorio Ordóñez. Por este asesinato ya fueron condenados Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', Juan Ramón Carasatorre, 'Jon', y Valentín Lasarte, no obstante, el Juzgado Central de Instrucción Número 1 mantiene viva una causa para determinar la responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado. 

El juez Francisco de Jorge ha acordado procesar a cinco exjefes de la banda terrorista (José Javier Arizcuren, Ignacio Gracia Arregui, Miguel Albisu, Julián Achurra y Juan Luis Aguirre) por la muerte del dirigente vasco en 1995. Se les considera responsables por autoría mediada por el dominio de la organización que ostentaban cuando se produjo el atentado por lo que se les atribuye un delito de asesinato terrorista con agravante de alevosía. 

En un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez sostiene que se trata de una declaración formal de imputación que "permite su inculpación en fase de instrucción, posibilitando la primera declaración indagatoria y hace surgir la obligación judicial de proveer a los procesados" de un abogado. Añade que la notificación a los procesados de esta resolución "se convierte en una garantía procesal de obligado cumplimiento y de relevancia constitucional para no causar indefensión". 

El magistrado anota que los indicios contra los ahora procesados se desprenden, en primer lugar, de "las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida a don Gregorio Ordóñez la tomó en Francia el Comité Ejecutivo de la banda criminal ETA, y la orden de ejecutarlo se transmitió al Comando Donosti, que la puso en práctica". Asimismo, el juez explica también que orden la dio el comité ejecutivo, ya que "estos objetivos se decidían solamente a este nivel y que la referida orden vino 'de Francia'".

El asesinato de Gregorio Ordóñez, como los de Miguel Ángel Blanco y Pedrosa Urquiza -este último, aún en fase de instrucción-, se enmarcan además dentro de la estrategia que ETA puso en marcha contra concejales del Partido Popular en el País Vasco entre 1995 y 2005. Tal y como explica Dignidad y Justicia, quien ejerce como acusación popular -junto con el Partido Popular, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT); el Ayuntamiento de San Sebastián y la asociación Equipo de Víctimas del Terrorismo-, la banda terrorista pretendía a través de estos crímenes intimidar a un grupo de personas que pensaba diferente con el fin de que todas o la mayoría de ellas abandonaran el territorio y reducir así el censo electoral de votantes contrarios a sus postulados.

El asesino de Ordóñez, Valentín Lasarte, fue detenido en marzo de 1996 y declaró la forma en que se planificó y materializó el atentado. Dos años antes, según el mismo apuntó, se reunió con 'Kantauri', añade, en una cita en la que le impartió las directrices que emanaban de la cúpula de la banda. Precisamente, el instructor ha citado como testigo a Lasarte el próximo 17 de febrero.

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