La Audiencia Nacional impulsa la causa por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, de las primeras diligencias a practicar por parte de los investigadores se encuentra la de solicitar más documentos al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de esclarecer cómo se produjo la infección de los dos teléfonos móviles con el software israelí Pegasus.
Se trata de uno de los primeros pasos que se tomarán en el marco de esta causa abierta el pasado martes por un posible delito de revelación de secretos. El magistrado José Luis Calama Teixeira incoó diligencias apenas un día después de que entrara en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional una denuncia de la Abogacía General del Estado en relación a este espionaje que tuvo lugar entre los meses de mayo y junio de 2021.
Tal y como informó en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, junto con la denuncia de los servicios jurídicos del Gobierno se aportó, además, un informe del Centro Criptológico Nacional con fecha de 30 de abril conteniendo los detalles de lo que Moncloa calificó como "ataque externo". La denuncia entró en el Juzgado Central de Instrucción número 4 por ser el que estaba entonces en funciones de guardia.
Sin embargo, se envió a Decanato ya que las normas de la Audiencia Nacional estipulan que debe asumir la denuncia si los hechos han ocurrido en el transcurso del periodo de la guardia o, al menos, 24 horas antes del viernes anterior. Teniendo en cuenta que el espionaje se produjo hace ahora un año, el titular del Juzgado derivó el asunto para su reparto, pero volvió a recaer en su juzgado.
Espionaje "externo"
El juez abrió causa al constatar que los hechos podrían ser constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos y que la competencia para investigarlos es de la Audiencia Nacional. Este órgano está facultado para investigar las causas por los "delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno". Al respecto, el magistrado preció que es "meridianamente claro" que Sánchez y Robles son "altos organismos de la Nación"
Del mismo modo, dio traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se pronunciara en relación a las diligencias a practicar para esclarecer la autoría del ataque detectado por el CNI. El Ministerio Fiscal respondió solicitando al magistrado que declarase el secreto de las actuaciones; diligencia que acordó el juzgado al considerar que es posible que se trabaje con información sensible que pueda estar legalmente clasificada y que, además, comprometa "gravemente" la seguridad del Estado.
Al mismo tiempo que acordó el secreto de la causa, el instructor ofreció a Pedro Sánchez y a Margarita Robles personarse como perjudicados de este espionaje con el cual se extrajeron, en el caso del móvil del presidente del Gobierno 2,6 gigas en la primera intervención y 130 megas en la segunda. En lo que respecta a Robles, fuentes de Moncloa precisaron que solo se le extrajeron 9 megas.
Crisis con Marruecos
Además, el informe del CNI incorporado a estas diligencias precisó las fechas concretas en las que el móvil de Sánchez fue infectado por Pegasus. Se trató de los días 19 y 31 de mayo de 2021. Aunque el Gobierno no se ha pronunciado sobre el origen de este ataque externo, un informe publicado por The Guardian sugiere que Marruecos podría estar detrás del espionaje a 200 teléfonos españoles.
Las infecciones del dispositivo del presidente del Gobierno se produjeron en un momento de especial tensión con Rabat tras descubrirse la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El activista saharui entró de manera furtiva en nuestro país el 18 de abril para tratarse de covid y, tal y como confirmó la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, la operación se dirigió con discreción debido a las aristas políticas entre Marruecos y Argelia, país de donde provenía Ghali.
Dificultades de la investigación
Al enterarse de lo ocurrido, Rabat respondió impulsando la entrada masiva de inmigrantes a través de Ceuta. Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo, es decir, 48 horas antes de que se produjera el primer hackeo del teléfono de Pedro Sánchez. La segunda infección, el último día del mes de mayo, coincidió con su comparecencia para responder a Rabat por el asalto a Ceuta. Sánchez expuso entonces que era "absolutamente inadmisible" que utilizase la inmigración para reaccionar a estos hechos.
Ese mismo día la Audiencia Nacional reabrió una causa de 2008 contra Brahim Ghali por delitos de genocidio, entre otros. La diligencia se produjo después de que, a primeros de mes, la Policía identificase en el hospital de Logroño al líder del Frente Polisario. El magistrado al frente de esta causa (ya archivada) le tomó declaración el 1 de junio por videoconferencia. Ese día Ghali fue trasladado en ambulancia medicalizada a Pamplona desde donde partió rumbo de nuevo a Argelia ya en la madrugada del 2 de junio. Entró y salió sin que se le pidiera ninguna documental.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico reconocen que va a ser muy complicado esclarecer el origen o la autoría de este espionaje, teniendo en cuenta que el programa utilizado borra cualquier tipo de rastro de las extracciones. No obstante, el primer paso será recabar más papeles del Centro Nacional de Inteligencia para aglutinar toda la información posible sobre estos hechos. Hasta el momento los mismos se circunscriben exclusivamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.
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