La Audiencia Nacional ha dado un paso más en el camino a la extradición de Hugo el 'Pollo' Carvajal. El Pleno de la Sala de lo Penal, reunido este viernes, ha acordado requerir garantías a Estados Unidos de que velarán por sus derechos cuando el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela aterrice en el país norteamericano, que le reclama por los delitos de tráfico de armas y drogas.
Fuentes jurídicas confirman que esta solicitud de garantías ya estaba resuelta en un auto anterior, si bien no se había notificado hasta la fecha. El plazo de respuesta por parte de Washington es de 45 días. Se trata del mismo margen que se establece para que el país que reclama a un detenido responda en relación a la entrega, según consta en el acuerdo de extradición entre la UE y Estados Unidos de 2003. Con todo, se trata de un trámite que implica un paso más en la materialización de su extradición.
El pronunciamiento de la Sala de lo Penal se produce después de que hace justo siete días este órgano decidiera suspender 'in extremis' la extradición por un motivo de forma. Pese a ello, los días previos, la Sección Tercera de esta Sala impulsó el procedimiento toda vez recibió la respuesta negativa del Ministerio del Interior a concederle el asilo. Los magistrados ordenaron hacer efectiva la entrega y la dejó en manos de la Unidad de Cooperación Policial Internacional para que la ejecutara.
Ello pese a que el Juzgado Central de Instrucción número 6 del mismo órgano pidió que se retrasara a tenor de la citación pendiente del pasado miércoles. Al respecto, la Sección Tercera respondió acusando a Carvajal de impulsar una "maniobra dilatoria" para evitar una extradición que se hizo efectiva en noviembre de 2019 por su pertenencia al llamado Cártel de los Soles. Estados Unidos le reclama por dos procesos pendientes con la Justicia y le acusa de haber facilitado durante más de una década la entrada ilegal de grandes cargas de cocaína al país norteamericano.
Pendientes de la entrega
El impulso de la Sala de lo Penal y el rechazo de lo Contencioso a acordar medidas cautelarísimas para frenar la entrega, dejaron al exdirector de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela a un paso de su extradición. Sin embargo, ésta se paralizó para estudiar, a petición de su defensa, la cuestión relativa a la garantía de sus derechos cuando llegue al país norteamericano, donde ingresará en prisión a la espera de ser juzgado por los delitos que se le imputan.
Esta suspensión permitió que cumpliera con su cita del pasado miércoles ante el juzgado que investiga una presunta financiación irregular de Podemos. Su declaración se enmarca en su voluntad de cooperar con la Justicia, la cual hizo firme tras ser arrestado el pasado 9 de septiembre en Madrid. Carvajal, sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en un dispositivo coordinado con la agencia antidroga de Estados Unidos (Dea, por sus siglas en inglés). La Policía informó de que encontraba "enclaustrado" en un piso del madrileño barrio de Arturo Soria sin salir al exterior.
Desde entonces, el también exmiembro de la Asamblea de Venezuela mostró su compromiso de cooperar con la Justicia y pidió declarar en unas diligencias sobre terrorismo internacional. En su cita ante el juez, Carvajal no solo se refirió a la relación entre las FARC y ETA, sino que también aludió a una presunta financiación ilegal en Podemos desde Venezuela y dijo que aportaría documentos para probarlo. En este tiempo su defensa ha ido entregando tanda de materiales relativos tanto a un contrato de asesoramiento del despacho de Baltasar Garzón como PDVSA, como a pagos girados a miembros de la formación morada.
Causa contra Podemos
En relación a este segundo asunto, Carvajal explicó las presuntas dinámicas que algunos de los receptores de estos fondos habrían impulsado para canalizar los pagos girados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En concreto, entregó una orden de pago firmada en 2008 por Chávez de 6,7 millones de dólares para pagar a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), considerado como embrión de Podemos. También aportó otro documento sobre el desembolso de 142.000 dólares a la cofundadora del partido Carolina Bescansa y otros miembros de la formación liderada entonces por Pablo Iglesias.
Ante estas entregas, el magistrado Manuel García Castellón decidió reabrir las pesquisas de 2016 relativas a una presunta financiación irregular de Podemos para tomarle una segunda declaración en este procedimiento. En su vuelta a los juzgados, Carvajal volvió a reiterar lo plasmado en el papel, apuntó además a una nueva recepción por parte de Juan Carlos Monedero de más pagos que, según dice, estarían encubiertos por contratos de asesoramiento y, finalmente, entregó una lista de testigos. El juzgado les otorgará la condición de protegidos y les citará para que corroboren la tesis del exmilitar.
En paralelo, y según ha podido saber Vozpópuli, existen unas diligencias de investigación no judicializadas que siguen de manera conjunta la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF en relación a sociedades que guardarían vínculos con Venezuela. Se trata de unas pesquisas que están arrancando y en las que de momento no hay implicado ningún miembro original de Podemos. Los investigadores están indagando flujos de fondos y de sociedades, así como abundante documental sobre las mercantiles sospechosas.
