El caso Titella recurre a Hacienda para seguir avanzando. El juez que investiga la trama integrada por José Luis Moreno ha pedido auxilio judicial a la Agencia Tributaria ante la gravedad y complejidad de los hechos que se investigan en el procedimiento, cuando se cumplen tres meses del estallido de la operación en la que se detuvo al humorista y otro medio centenar de personas por presunta estafa, delitos fiscales y blanqueo de capitales.
La petición que formula el magistrado y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene como objetivo respaldar la labor de la Policía Judicial. De hecho, el magistrado mueve ficha y reclama que se designen funcionarios de la ONIF en labores de auxilio judicial después de que los agentes de la Guardia Civil y de la UDEF al frente de la causa así lo hayan solicitado, de acuerdo con un auto del pasado 8 de octubre y al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Al igual que ha ocurrido en otros grandes procedimientos -como el caso Rato o el de Jordi Pujol- el magistrado recurre a la ayuda de los técnicos de Hacienda con el fin de determinar los delitos fiscales cometidos y la consiguiente cuota defraudada. Al hilo recuerda que las diligencias se abrieron por al menos seis delitos y que, de las diligencias practicadas hasta la fecha, "se derivan indicios de la existencia de una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad se diversifica en diferentes especialidades".
La denuncia de una de las entidades bancarias afectadas dio pie al arranque de esta investigación en 2018 en los juzgados de Plaza de Castilla. Tres años después y tras pasar el testigo a la Audiencia Nacional, la causa apunta ya a un desfalco de 85 millones de euros (por parte de esta trama que también habría estafado a inversores privados) y a un posterior blanqueo de capitales con lo obtenido con estas actividades. En palabras del juez: se trataría de una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizada.
El apoyo de Hacienda se produce además en pleno cotejo de toda la documental incautada tras el estallido del operativo a finales de junio del año pasado. La propia Policía Judicial identificó alrededor de 170 evidencias, de las cuáles un centenar eran teléfonos. En el caso de José Luis Moreno -a quienes los agentes le atribuyen el rol de "tarjeta de visita" en los bancos para que les facilitaran los créditos- se le requisaron dos teléfonos móviles, un portátil, una tablet y un disco duro, además de dinero en metálico.
Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 precisa que es necesaria la ayuda de la ONIF tras constatar que muchos de los imputados se valieron de empresas pantalla a cuyo frente pusieron testaferros. La información que la Agencia Tributaria ha aportado a la Audiencia Nacional y las comprobaciones de los domicilios sociales de estas mercantiles, vendrían a confirmar que muchas de ellas eran una tapadera para conseguir los créditos bancarios ya que carecían de actividad real.
Los audios de la trama
La intervención de sus llamadas también ha sido de gran ayuda para los investigadores. Tanto es así que la Policía pide al magistrado que recurra a la AEAT tras escuchar a los imputados hablar sobre el cruce de facturas entre empresas ligadas a Moreno para evitar el pago del IVA. También sospechan que utilizaron las mismas facturas en distintas sociedades, que camuflaron las entradas y salidas de dinero simulando alquileres de naves y estudios y que manipularon balances para no declarar beneficios.
Las escuchas que obran en el sumario (y que se prorrogaron hasta dos semanas después de las detenciones) evidencian también que se habrían desviado ingresos de cuentas de sociedades a particulares, así como la apertura y cierre de cuentas para evitar posibles embargos. Esta parte de la red en la que también se han visto salpicados notarios y asesores fiscales, cedió y simuló venta de deudas con garantías inmobiliarias y traspasó activos para evitar posibles responsabilidades ante Hacienda.
Moreno recuerda en su auto que la estructura tuvo ramificaciones fuera de España con el fin de ocultar el dinero en el extranjero. Al respecto, justifica su solicitud a Hacienda en tres puntos concretos: la utilización de un complejo entramado societario que se valió de testaferros ganando anonimato para actuar con impunidad, el manejo de cuentas abiertas fuera de España y la confección de facturas y apuntes contables falsos para "soportar documentalmente la actividad fraudulenta".
Causa compleja
"Dada la gravedad y especialización de los delitos investigados, se considera que se requieren amplios conocimientos para poder extraer y analizar toda aquella información que permita comprobar los hechos, teniendo en cuenta, además de lo indicado anteriormente que se trata de una investigación de delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales", explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.
De este modo el juez da un nuevo impulso a la causa tras tomar declaración la semana pasada a más de una decena de investigados que desfilaron por la Audiencia Nacional para rendir cuentas por su implicación en estos hechos. Además, también ha descartado cerrar la investigación, como así lo solicitó el abogado de José Luis Moreno. La defensa del productor advirtió de un defecto de forma en el procedimiento al haberse prorrogado fuera de plazo y avisó de que se trataba de una irregularidad que podría hacer peligrar toda la causa.
Sin embargo, el juez no ha escuchado este reclamo y ha respondido que sigue adelante con las pesquisas. El razonamiento de los investigadores es que el error se produjo cuando la causa estaba bajo el paraguas de otro juzgado de instrucción. Según explicaron, desde que aterrizó en la Audiencia Nacional la Policía Judicial ha conseguido destapar nuevos hechos (relativos al presunto blanqueo de capitales y narcotráfico) tratándose pues de delitos más graves de los indagados inicialmente.
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