La Audiencia Nacional ordenar nuevas imputaciones en la causa abierta contra Ángel María Villar. La Sala de lo Penal acaba de atender la solicitud formulada por La Liga y Anticorrupción que desveló Vozpópuli acerca de imputar en la causa al que fuera jefe del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio. El objetivo es que explique en condición de investigado todo lo que sepa en relación a un desvío de 8 millones de euros de la RFEF.
La Sala de lo Penal da la razón a La Liga, que litiga en el caso Soule como acusación, y considera que es necesario citar tanto a Sánchez Arminio como al exsecretario del CTA Raúl Massó y también a Ángel María Villar, quien ya figura como uno de los principales investigados. La petición reside en que la IGAE detectó que se habrían desviado 8 millones de la partida que la Real Federación Española de Fútbol destina para gastos arbitrales.
De esta manera la Sala de lo Penal corrige el criterio inicial del juez al frente del caso Soule, Alejandro Abascal, el cual desestimó imputar a los exaltos cargos del CTA porque la causa está ya muy avanzada para abrir esa vía y porque comparecieron como testigos. A la petición también se opuso la RFEF. El órgano que preside Luis Rubiales negó por completo que hubiese irregularidades con la partida y precisó, además, que este dinero proviene de los clubes de fútbol y, por tanto, es privado.
Gastos arbitrales
La Liga recurrió la decisión del juez y en este camino se le adhirió la Fiscalía Anticorrupción, la cual expuso que era "indudable" que las declaraciones propuestas guardan relación con los hechos porque se investiga una posible desviación de fondos aportados por la Liga a la RFEF de Villar "con destino finalista".
Los informes periciales concluyen que las aportaciones de La Liga sobre honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7,9 millones
Los magistrados estiman parcialmente el recurso de La Liga ya que, aunque ordenan estas imputaciones, descartan implicar penalmente en este asunto a la Federación de Rubiales. Desde que comenzara el caso Soule ambos órganos se han lanzado reproches mutuos y se han pedido la imputación recíproca en la Audiencia Nacional pero tanto el juez instructor como la Sala de lo Penal han denegado citarles como investigados ya que el foco se ciñe en la gestión de Ángel María Villar.
No obstante, sí que entienden que la citación de Sánchez Arminio (quien fuera jefe de José María Enríquez Negreira) y de Massó es pertinente. En su auto refutan el criterio del instructor y razonan que no puede sustentarse que la petición sea sorpresiva o tardía porque hay unos hechos que a priori generan dudas y se deben explicar. "Sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas y del posterior examen de la concurrencia de los delitos imputados se debe establecer si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada", dicen.
Los fondos de la RFEF
Así pues el juez tendrá que citarles como imputados e interrogarles en relación a las partidas de la RFEF destinadas para honorarios arbitrales. Al respecto cabe recordar que la petición de imputar a Sánchez Arminio se produjo tras recabar las conclusiones del peritaje de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El trabajo concluyo que, de las partidas aportadas por La Liga para gastos de los colegiados, se habrían desviado 8 millones de euros y que la RFEF no supo explicar cual fue el destino de la misma.
"Los informes periciales practicados en las actuaciones concluyen que las aportaciones realizadas por la LNFP correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin", reza la Audiencia Nacional al respecto.
Testigos incriminan a Arminio
Al hilo incide en que de lo instruido en esta causa de corrupción que echó a andar en 2017 se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a gastos ajenos a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el presidente (Sánchez Arminio) como el secretario técnico del CTA (Raúl Massó). El auto se basa no solo en lo concluido por la IGAE sino también en la documentación aportada a la causa por la propia RFEF y en otras declaraciones prestadas en este tiempo.
En concreto en la versión que prestaron los colegiados David Fernández, Carlos del Cerro, Antonio Miguel Mateu o Alberto Urdiano. Todos ellos se remitieron a un documento de agosto de 2010 para la aplicación del llamado "remanente" (en referencia a los 8 millones). Además, el contable del CTA Benito Cornejo, dijo que seguía las órdenes de su presidente (Sánchez Arminio) para hacer los pagos correspondientes.
Así pues, se trata de un nuevo giro de guion en esta causa de corrupción en el marco de la cual ayer el juez acordó investigar los pagos de la RFEF al hijo de Enríquez Negreira. El número dos de los árbitros está en el foco de la Justicia por los pagos que canalizó del Barça por presuntos tratos de favor. Precisamente la aparición en prensa de esta investigación propició que La Liga solicitase al juez que investigara otros pagos al hijo de Enríquez Negreira, tal y como desveló Vozpópuli. Así pues, ahora se ampliará el peritaje de la IGAE para incluir esta partida de 4.000 euros que canalizó entre 2011 y 2016.
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