La Audiencia Nacional estudia si los 21 candidatos de Bildu condenados por sus vínculos con ETA han satisfecho las responsabilidades civiles que se les impusieron en sus respectivas condenas. Para ello ha solicitado informes a la Fiscalía, la Abogacía General del Estado y también al Ministerio del Interior en aras a analizar si todavía tienen pendientes los pagos derivados de sus penas.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli las cuáles explican que el órgano ya ha dado el primer paso para recabar toda esta documental después de que el pasado 8 de junio la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia solicitase al Servicio Común de Ejecutorias el estudio de las responsabilidades civiles impuestas a estos condenados por delito de terrorismo. De confirmarse que alguno de ellos tiene pagos pendientes, se pide que se les embargue el sueldo público que van a percibir en su condición de concejales.
"Que se proceda al ejercicio de dicha acción de reclamación de la responsabilidad civil (...) para la averiguación de los bienes, vehículos, cuentas, depósitos, sueldos públicos y cualquier otro activo patrimonial con el que hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista cometido, por cada uno de los concejales elegidos y que cuentan con condenas de delitos del terrorismo", solicitó la asociación.
Reclamación del Estado
El ente que preside Daniel Portero argumenta que la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo reconoce la potestad del Estado a la hora de reclamar la responsabilidad civil que pesa sobre los condenados por este tipo de delitos terroristas. En virtud de dicha norma Dignidad y Justicia reclama que se investigue si todos los candidatos que han ido en las listas de EH Bildu condenados por terrorismo y que han resultado electos en los comicios del pasado 28 de mayo, han cumplido con la responsabilidad civil asociada a las penas de cárcel impuestas.
En el escrito, presentado en la Audiencia Nacional el pasado 8 de junio, Dignidad y Justicia desgrana los nombres de los 21 etarras que han resultado elegidos en diferentes municipios del País Vasco y Navarra. Entre ellos destaca el exportavoz del colectivo de presos etarras, Xabier Alegría (que afronta varias condenas, entre ellas una de más de 10 años por pertenencia a organización terrorista); Miren Aránzazu Carrera (concejala de educación en el municipio guipuzcoano de Amezketa desde 2019 y condenada por asesinato y encubrimiento de asesinato) o Iñaki López de Bergara.
Este último, considerado como el máximo responsable del aparato de captación de ETA, fue condenado en 2008 en Francia a 134 años de prisión. También ha sacado escaño Begoña Uzcudun Echenagusia, etarra que suma varias condenas (entre ellas una de 196 años de cárcel) por el atentado mortal en 1986 contra un miembro de la Guardia Civil. Igualmente suma penas por depósito de armas, pertenencia a ETA y por dar el chivatazo que facilitó el asesinato del edil de UCD José Tomás Larrañaga Arenas.
Los candidatos etarras de Bildu
Esta actuación de Dignidad y Justicia se produce después de que en las fechas próximas a las municipales pidiera sin éxito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigara si los 44 candidatos etarras de Bildu habían cumplido íntegramente sus condenas. El órgano lo rechazó alegando que no veía indicios de comisión de delito y que correspondía a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas.
Del mismo modo también se dirigió a la Fiscalía General del Estado para pedir que se abriera el procedimiento de ilegalizar Bildu por incluir desde hace muchos años candidatos condenados por su pasado etarra. En concreto denunció que con sus listas estaba vulnerando el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 6/2022 de Partidos Políticos dado que la inclusión de condenados en las listas del partido de Arnaldo Otegi no es algo aislado.
Cabe recordar que apenas días antes de las elecciones esta asociación informó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que la etarra que integró el comando Levante Sara Majarenas, también en las listas de Bildu, no había cumplido íntegramente su pena de inhabilitación. El Ministerio Fiscal, tras hacer las comprobaciones oportunas lo constató y dio traslado de este asunto a la Junta Electoral Central, la cual acabó excluyéndola de las listas en la antesala del 28-M.
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