Una vez superada la primera fase de la investigación de los atentados de Barcelona -con la identificación, detención y puesta a disposición judicial de los principales acusados- toca ahora tratar de esclarecer todas las circunstancias que rodearon la acción terrorista que le ha costado la vida a quince personas.
Las pesquisas practicadas hasta este momento han llevado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Andreu, y la Fiscalía de este órgano a concluir que los terroristas trataron de llevar a cabo una masacre en Barcelona de "gran envergadura”, quizás "mayor que la matanza del 11M". Sin embargo, la explosión que se produjo el pasado 16 de agosto a las 23.17 horas en Alcanar (Tarragona), en una vivienda de la urbanización Montecarlo, truncó esos planes.
Según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli, en esta segunda fase de la investigación se trata de esclarecer, por un lado, si existió orden directa del Daesh de atentar en la Ciudad Condal y quién dio la misma y, por otro, si la célula de Ripoll contaba con ramificaciones en países como Francia, Bélgica o Marruecos.
Fuentes del caso explican que las pesquisas, que se encuentran bajo secreto de sumario, se están llevando a cabo con celeridad ya que se está llevando a cabo una colaboración judicial y policial "directa" y "espontánea" entre autoridades de distintos países de la Unión Europea con la Audiencia Nacional y los distintos jueces de enlace que tiene España en Europa.
Mejorar la coordinación
Por otro lado, en aras de avanzar en la investigación del atentado de Barcelona, el juez Andreu ha encargado al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (CITCO), dependiente del Ministerio de Interior, y encabezado por el comisario José Luis Olivera, que evite duplicidades entre la Guardia Civil, la Policía y los Mossos d´Esquadra en la práctica de diligencias de esta segunda fase de la investigación de los atentados en Cataluña.
Aunque los Mossos d'Esquadra han sido designados como policía judicial en esta causa, el alcance internacional de esta investigación hace imprescindible que Policía y Guardia Civil tomen cartas en el asunto. Al tratarse de un procedimiento que se encuentra ya judicializado será, no obstante, el instructor el que supervise personalmente cada paso que den los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, indican las distintas fuentes informantes.
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