La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa abierta contra el exministro Salvador Illa por las mascarillas suministradas a sanitarios en plena pandemia. Los magistrados han estimado el recurso interpuesto por el sindicato médico CESM y han obligado al juzgado a investigar estos hechos al considerar que la causa no está agotada.
La Sección número 2 de la Audiencia de Madrid explica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que debe practicar una serie de diligencias pendientes para esclarecer los hechos denunciados. Entre ellas, la de solicitar al Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Illa para que remita los acuerdos de distribución a las distintas comunidades de las mascarillas FFP2 repartidas a los sanitarios, así como la copia de las comunicaciones que recibió de las comunidades de Aragón y Cataluña en abril de 2020.
Del mismo modo también se ordena al juzgado que recabe del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la certificación de resultados de los análisis de estas mascarillas que adquirió Sanidad en los primeros meses de pandemia. El auto descarta que se esté ante una investigación prospectiva e incide en que hay datos en la querella de CESM que demostrarían que estas mascarillas fake se suministraron a sanitarios de hospitales de la Comunidad Valenciana.
La distribución de las mascarillas fake fue un hecho notorio. No estamos criminalizando la pandemia, pero esta situación tampoco puede servir de patente de corso para descartar cualquier tipo de responsabilidad penal
"De ningún modo puede hablarse de una investigación prospectiva. La recepción de las mascarillas 'fake' y su distribución fueron hechos notorios. No estamos criminalizando la pandemia, que ha provocado durante casi dos años que hayamos vivido una limitación de nuestras libertades en pos de un ejercicio de sobrevivencia, con el personal sanitario al frente. Pero esta situación excepcional tampoco puede servir de patente de corso para descartar ab initio cualquier tipo de responsabilidad penal", reza el auto.
Tras conocerse el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha celebrado la noticia insistiendo en que el juzgado tiene que arrancar la investigación penal por estos hechos. Cabe recordar que la querella del sindicato recayó en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
En septiembre del año pasado su titular incoó diligencias pero ya avisó de que la causa podría derivarse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la condición de aforado allí del actual diputado del parlamento catalán. Y así fue. Como adelantó este medio, en noviembre del año pasado el juzgado se inhibió ante el TSJ sin practicar diligencia alguna, pero el procedimiento retornó a su punto de origen y se archivó en junio de este año.
Los proveedores de Sanidad
La compra de las mascarillas tuvo lugar en un momento marcado por la convulsión en el mercado internacional por la falta de abastecimiento de material sanitario ante la irrupción del coronavirus. Además de este caso, centrado en las mascarillas defectuosas que llegaron a las comunidades autónomas y que Salvador Illa ordenó retirar tras detectar los fallos, la Justicia admitió a trámite otra querella de Vox por otros contratos a otras empresas que ejercían como bróker de suministros desde China.
Tres altos cargos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) declararon ante el juez por las compras bajo sospecha, principalmente las adjudicaciones millonarias a HongKong Travis Asia, una empresa de reciente constitución que sostiene su actividad en torno a un enrevesado sistema empresarial que dificulta su rastreo, como desveló Vozpópuli.
La denuncia asegura que se pagó un sobrecoste muy elevado por la compra de material sanitario -no sólo a HongKong Travis Asia, Vox llevó ante la Justicia 53 contratos en pandemia- y que las adjudicaciones fueron injustificadas. La Fiscalía, no obstante, solicitó el archivo de la causa. El juez aún debe pronunciarse.
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