La Audiencia Nacional ya ha revocado diez terceros grados que el Gobierno del País Vasco ha concedido a presos de ETA que cumplen condena en sus centros penitenciarios. El más reciente es Juan Carlos Subijana, condenado por participar en un atentado mortal de la banda terrorista, según informa el colectivo de apoyo a los reclusos etarras, Etxerat. Los tribunales aún tienen que pronunciarse sobre una extensa batería de recursos presentados por la Fiscalía en relación a las 'semilibertades' otorgadas por el ejecutivo vasco.
Como contó Vozpópuli, la Fiscalía considera que no se dan las condiciones adecuadas para una serie de terceros grados concedidos por el Gobierno de Íñigo Urkullu a los presos de ETA. Cabe recordar que Moncloa cedió la competencia de prisiones al ejecutivo regional y que la gran mayoría de internos de la organización terrorista ya cumplen condena en centros vascos o navarros, lo que ha supuesto el fin de la política de dispersión.
En este caso, la Audiencia Nacional ha accedido a esta nueva petición de la Fiscalía, la décima desde que el Ministerio Público recurrió los terceros grados que el Gobierno vasco concede a presos de ETA: "El preso gasteiztarra Juan Carlos Subijana Izquierdo ha tenido que reingresar en la cárcel de Basauri, una vez que el Juzgado Central de Vigilancia penitenciaria haya estimado el recurso fiscal contra su tercer grado, devolviéndolo al segundo grado", informa el colectivo Etxerat.
En los últimos meses también se han revocado los terceros grados concedidos a los terroristas Aitor Esnaola, Mikel San Argimiro, Xabier Aristrain, Iñaki Bilbao o Gorka Martínez. También al destacado dirigente Joseba Arregi Erostarbe, más conocido como Fiti. Antes hizo lo propio con otros internos como Unai Fano, Iñigo Gutierrez o Jon Crespo.
La prescripción de los delitos
Mientras tanto la Audiencia Nacional sigue adelante con las causas abiertas por los asesinatos de la banda terrorista. Entre los procedimientos reabiertos recientemente se encuentra el relativo al atentado terrorista contra el concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez en 1995; el del asesinato al concejal del PP Miguel Ángel Blanco; o el atentado en el año 2000 del magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol Lombardero o el que ETA perpetró dos años después en Santa Pola.
En la mayoría de estos sumarios las diligencias se centran en la cúpula de la banda terrorista por la autoría intelectual de estos atentados. Al respecto cabe destacar que el juez que investiga el asesinato de Miguel Ángel Blanco acaba de ordenar la libertad de Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería.
El pronunciamiento de la Audiencia Nacional en relación a la imputación de este exjefe de ETA ha marcado un punto de inflexión en la investigación penal de estos hechos debido a la prescripción de los mismos. La Sala de lo Penal rechazó hace apenas una semana la prescripción del atentado para Rentería abriendo la puerta a que prospere la tesis de la asociación Dignidad y Justicia sobre la prescripción de los delitos.
Los magistrados de la Sala de lo Penal evitaron pronunciarse sobre esta doctrina apuntando que responderá sobre esta tesis el tribunal que juzgue el asesinato al concejal de Ermua. Sin embargo, la resolución abre la vía a que se pida investigar 429 atentados terroristas cometidos desde 1990, atendiendo a que los delitos no estarían prescritos.
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