“Los rastreos y los datos los saco yo”, “que le pidiera los teléfonos de los concejales”, “¿te acuerdas que no me podías dar la ubicación de una cabina? Se la pedí a él y me la dio”, “me ha dicho que lo que quiera”... estas son solo algunas de las frases que intercambiaban el polémico excomisario José Manuel Villarejo y sus policías afines. Parecen una interlocución propia de agentes investigando y la seguridad de los ciudadanos como telón de fondo, pero en realidad representan el descontrol de años en la Policía a la hora de gestionar miles de datos privados.
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Los investigadores consideran acreditado que el polémico mando creó una organización “parapolicial” que le suministraba datos confidenciales. Luego las usaban para impulsar informes privados que las empresas de Villarejo vendía a clientes adinerados. La información salía del ámbito policial al privado sin una orden judicial, sin que quedase recogido en una investigación oficial del Cuerpo y sin incluir lo averiguado en la base de datos GATI de la Dirección General de la Policía Nacional.
La Audiencia Nacional tiene encima de la mesa pruebas repartidas por diferentes piezas separadas que indican que esta práctica se remonta al menos desde 2005 y se extendió durante cerca de una década. Para entender las motivaciones de los implicados en el ‘caso Tándem’, basta otra de las conversaciones mantenidas entre Villarejo y uno de sus principales colaboradores, Enrique García Castaño, ‘el Gordo’ en julio de 2005 a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Tenemos unos añitos para arañar un poco de pasta"
“Tenemos que ponerle un poco de orden a nuestra colaboración, tenemos unos añitos para arañar un poquito de pasta”, le dijo Villarejo a ‘el Gordo’ en una reunión entre ambos. No hablan de mejorar la seguridad o evitar delitos, sino de cuestiones personales. Acto seguido Villarejo le ofrece una cantidad a su colega: “por cierto lo prometido es deuda, 1.200 euros”. Al menos en aquella ocasión, García Castaño no aceptó el dinero. Según se le escucha decir en la grabación, ese mes iba bien.
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La Fiscalía destaca en uno de sus informes del caso los “serios indicios existentes” contra el comisario principal García Castaño “en el sentido de que podría haber sido la persona que, apodada como ’BIG’, habría facilitado a José Manuel Villarejo los tráficos de llamadas de las víctimas” de las piezas de Iron y Land, en las que se investiga el espionaje a un despacho de abogados y a familiares de los propietarios de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, enfrentados por la herencia.
Estos trabajos se realizaron entre 2013 y 2014, casi diez años después de aquella conversación en la que Villarejo le ofrecía a ‘El Gordo’ “arañar un poquito de pasta”. Las pesquisas de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción calculan que por uno de estos trabajos pactó percibir 600.000 euros y 425.000 euros por otro.
Al menos otros 100.000 euros cobró la empresa de Villarejo años antes gracias a su exjefe el ‘número dos’ de la Policía durante los Gobiernos de Aznar Enrique Díaz Pintado, según los datos recogidos por este periódico. En el marco de esos trabajos hay grabaciones en las que se les escucha a Villarejo y García Castaño muy preocupados porque les habían robado un papel en el que se apreciaba que habían rastreado un teléfono sin autorización. Ellos mismos asumían de que en caso de que trascendiese podrían ir a la cárcel.
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En otro momento de la lucrativa sociedad, Villarejo le pidió a 'el Gordo' datos de decenas de miles de ciudadanos rumanos porque, según dice, se lo había pedido su exjefe entre 1993 y 1994, Agustín Linares.
Las leyes que lo regulan
La Orden del Ministerio del Interior 1202/2011 establece que “las comunicaciones de datos previstas tienen como destinatario las fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos jurisdiccionales y el ministerio fiscal”. Una resolución de la Dirección General de la Policía limita el acceso a la información de los ficheros de carácter personal sólo para actividades profesionales. Esto no se ha cumplido siempre a rajatabla tal y como reconocen diversas fuentes policiales consultadas por Vozpópuli, si bien establecen la diferencia entre consultar algún dato sin ánimo de difundirlo o para acelerar alguna investigación y hacerlo para impulsar pesquisas privadas con fines lucrativos.
Villarejo y ‘el Gordo’ no actuaban solos. La Fiscalía habla de un “clan policial mafioso” que “infectó” el Cuerpo. Hay media docena de funcionarios policiales imputados, varios de ellos por filtrar datos confidenciales. Uno de ellos reconoció los hechos y dibujó el recorrido de la circulación hasta llegar a las empresas de Villarejo. Lo enmarcó en cuestiones de lealtad con sus exsuperiores. Cuando el juez y los fiscales le preguntaron sobre las leyes que impiden ese procedimiento, el investigado dijo que las desconocía.
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El ‘caso Tándem’ ha llevado a las autoridades a preguntar a las compañías telefónicas quiénes eran los trabajadores que se avenían a facilitar datos a la Policía saltándose el protocolo establecido. La respuesta recibida es que el 'clan Villarejo' no dejó rastro o se ha borrado con el paso de los años. En una de las grabaciones se escucha a ‘el Gordo’ presumir de tener “amiguetes” que le facilita esa información. “Si son gente que les invitas a comer y ya está”, decía.
Vozpópuli informó esta semana de que la Policía premia habitualmente con medallas al mérito a los responsables de seguridad de la compañías telefónicas, una decena sólo en los últimos cuatro años. Se daba por hecho que había funcionarios que se relacionaban directamente con empleados de telefónicas a los que pedían favores para obtener datos urgentes en el marco de investigaciones, sobre todo en materia antiterrorista. Se asumía ese atajo con el objetivo de salvar vidas. No es precisamente eso lo que tienen encima de la mesa los investigadores del 'caso Villarejo'.
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