La Audiencia Nacional ha aceptado investigar a ministros, funcionarios y empresarios venezolanos acusados de "defraudación y apropiación del patrimonio" de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). La Justicia española persigue así a los presuntos responsables del saqueo a la estatal encargada del sector eléctrico de Venezuela que en los últimos años ha protagonizado apagones de hasta siete días en el país caribeño.
Según las pesquisas, que hasta ahora se dirigían en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, "los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron al menos en parte blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales".
Tal y como adelantó Europa Press, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón es ahora la encargada de dirigir la investigación contra la "organización criminal" que saqueó a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Las pesquisas, según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, también incluyen a la eléctrica de los apagones.
Los beneficios ilícitos obtenidos fueron blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles
En total son más de una veintena de investigados entre personas físicas y sociedades mercantiles. La lista la encabezan el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de Corpoelec Javier Alvarado Ochoa. Villalobos fue detenido en dos ocasiones y actualmente se encuentra en libertad provisional. Alvarado ingresó en prisión en mayo. Ambos continúan en España y han sido reclamados por Estados Unidos y Venezuela.
Tras la decisión de la Audiencia Nacional de asumir las pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción ha acordado redoblar los esfuerzos en su investigación para probar que el dinero invertido en España por los seguidores del régimen bolivariano procede de actividades ilícitas, han informado a este diario fuentes jurídicas.
"Organización criminal"
Según el auto de la juez, los dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro están siendo investigados por formar parte de una organización criminal. Esta contaría con una "estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados tenían y desempeñaban" en compañías públicas como Corpoelec y Bariven, filial de PDVSA. Esta última, además, también fue presidida por Alvarado en 2011.
En total son más de una veintena de investigados entre personas físicas y sociedades mercantiles
Como publicó ya Vozpópuli, informes de Andorra desvelaron que Villalobos y Alvarado se valieron de una veintena de testaferros y más de treinta empresas para movilizar el dinero proveniente de las arcas públicas venezolanas en el Principado. Desde el Ministerio Público venezolano utilizaron dichos informes para acreditar que existe una "organización criminal" que ha operado de "manera directa y continuada" que se ha valido "de un conglomerado de estructuras, poco transparentes" para crear sociedades internacionales.
Los acusados, según los informes de Andorra y Estados Unidos citados por los fiscales venezolanos, crearon sociedades en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas para operar su entramado. La juez de la Audiencia Nacional también ha señalado en su auto a los responsables de Swissinvest -Luis Fernando Vuteff, José Vicente Amparán y Ralph Steinmann-, "quienes han creado en España sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por venezolanos", en referencia a Columbus One Properties Hospitality Services SL.
Los amaños en Corpoelec
Además de ser uno de los principales investigados en esta causa, Alvarado también forma parte de otra investigación en curso en la Audiencia Nacional en la que se le imputa a él, a otros altos cargos de Venezuela y al grupo español Duro Felguera por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo de capitales.
En concreto, la investigación se enmarca en un contrato que la eléctrica de los apagones adjudicó a la empresa asturiana. Para hacer frente a la crisis eléctrica de 2010, el Gobierno de Hugo Chávez programó la construcción de siete plantas; una de ellas, El Sitio, fue otorgada a Duro Felguera por más de 2.000 millones de dólares.
Según la Fiscalía venezolana, Alvarado y demás cargos investigados, "aprovechando su influencia en los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación a contratos públicos". Ahora, la Audiencia Nacional tendrá que determinar si el dinero saqueado ha sido blanqueado en España.
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