El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón investiga el secuestro que el abogado francoespañol Juan Branco sufrió presuntamente a manos de unidades parapoliciales de Senegal en agosto de 2023, y supuestamente como consecuencia de la denuncia de crímenes de lesa humanidad en el país y por representar al líder de la oposición, Ousmane Sonko. En un auto, recogido por EP, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda llamar a declarar como testigo-víctima a Braco, aunque fijará una fecha para su declaración más adelante. Además, el magistrado pide al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares un informe sobre la actuación de los servicios consulares en Mauritania y Senegal en relación a la detención.
García-Castellón ha accedido a lo solicitado por la Fiscalía, que sostiene en su informe que correspondería a la Audiencia Nacional "conocer de los hechos denunciados a la jurisdicción española, si estos hechos fuesen calificados como delito de terrorismo cometidos contra ciudadano español". Se trata, sin embargo, de una "calificación que", según el fiscal Emilio Miró, "no puede realizarse en este momento inicial de la investigación sin la práctica de diligencias dirigidas a la comprobación de los hechos, sus partícipes y la finalidad pretendida con los mismos".
En la querella, el abogado Aitor Martínez -que representa a Branco- relata que su cliente fue secuestrado en Mauritania "por parte de un grupo armado sin distintivos oficiales, con posterior traslado subrepticio a Senegal por vía fluvial o terrestre cuando se encontraba ejerciendo labores jurídicas en su condición de 'assistant to counsel' de la Corte Penal Internacional, en relación a una denuncia sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la jurisdicción senegalesa". "El secuestro en territorio mauritano y posterior traslado contra su voluntad a Senegal, siendo encapuchado, maniatado y maltratado en todo el tránsito, se realizó por parte de un grupo de personas encapuchadas y armadas, por vía terrestre y fluvial, siguiendo las instrucciones directas de uno de los querellados, el jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Dakar (Senegal), Adramé Sarr", sostiene. Sarr sería, según apunta la querella, un "miembro de los cuerpos policiales que habían sido denunciados por Branco ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional".
La propia querella, a la que ha tenido acceso la citada agencia de noticias, señala que "durante todo el tiempo que duró el secuestro y el traslado fronterizo, Branco estuvo en paradero desconocido, escondiendo su secuestro e ilegal traslado transfronterizo a las autoridades consulares españolas de Mauritania y Senegal, quienes no tuvieron información sobre el paradero del ciudadano español durante todo el tiempo en que duró esa transferencia bajo secuestro".
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