La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado dar un plazo de diez días al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, para que justifique los motivos por los que el excomisario no ha sido juzgado pese a permanecer en prisión preventiva desde noviembre de 2017, según consta en el acta de la reunión de 20 de julio, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el documento, los magistrados especifican que se han dirigido al magistrado "a fin de que en el plazo de diez días naturales informe a esta Sala de Gobierno de los obstáculos que dan lugar a esa situación y adopte las medidas concretas de actuación para imprimir a dicho procedimiento la máxima celeridad teniendo en cuenta la preferencia absoluta de la tramitación de ese caso", en el que Villarejo sigue preso y sin juicio.
En este sentido, en un auto de 28 de mayo de 2020 de la pieza separada Pit el propio juez instructor reconoce "la falta de actividad investigadora encaminada a determinar la responsabilidad" de la empresa Pérez y Cía, imputada en la causa, al igual que dos de sus propietarios: Ángel y Álvaro Pérez-Maura. Además, alude a la "necesidad de practicar muchas más diligencias que ayuden al esclarecimiento de los hechos controvertidos".
A la Presidencia
La Sala ha tomado esta decisión después de que el instructor hubiera reclamado a la Presidencia de la Audiencia Nacional que le prestara ayuda para acelerar sus pesquisas del caso Villarejo, ya que el excomisario ha superado la barrera de los dos años y ocho meses de reclusión en un centro penitenciario sin haber sido juzgado, cuando el máximo previsto por la ley es de cuatro años.
El excomisario ha superado la barrera de los dos años y ocho meses de cárcel sin haber sido juzgado, cuando el máximo previsto por la ley es de cuatro años
Villarejo ingresó de forma preventiva en la cárcel de Estremera (Madrid) en noviembre de 2017. Y dos años después el magistrado García Castellón acordó, tras reclamarlo el ministerio público, prorrogar la prisión del excomisario otros dos años más, -hasta noviembre de 2021-.
Este es el motivo por el que García Castellón presentó el pasado 14 de julio en la Presidencia de la Audiencia Nacional, tal y como le obliga el artículo 504.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una solicitud "interesando la adopción de las medidas precisas para imprimir a las actuaciones la máxima celeridad [...] al exceder de las dos terceras partes de su duración máxima una medida de prisión provisional".
En la actualidad el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez García Castellón, tiene otros dos jueces asignados a sus causas: Alejandro Abascal, que es un juez de apoyo, es decir, que se encarga de las causas nuevas; y Joaquín Gadea, que encarga de agilizar las resoluciones sin ejercer funciones jurisdiccionales.
Corinna Larsen
La petición de una mayor celeridad la reclamó el magistrado García Castellón a la Audiencia Nacional dos semanas antes de que decidiera reabrir la pieza separada denominada Carol, en la que imputó a Corinna Larsen, la examiga del rey Juan Carlos I; y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.
Precisamente, Carol es la única pieza separada que el juez ha abierto sin el apoyo de la Fiscalía anticorrupción. Hasta esa decisión, García Castellón siempre había aceptado el criterio del ministerio público, cuyos representantes han promovido la apertura de una treintena de piezas separadas de la macrocausa sobre Villarejo.
También han discrepado la Fiscalía y el juez en la pieza separada Dina, pese a que tanto el instructor como los fiscales coinciden en que Pablo Iglesias pudo haber cometido los delitos de revelación de secretos y daños informáticos al ocultar que tenía la copia de la tarjeta que le fue robada a Dina Bousselham. La diferencia estriba en que mientras los primeros apuntan que la perjudicada no tiene intención de perseguir penalmente a su jefe en Podemos, García Castellón ha seguido con sus pesquisas.
'Iron', 'Pintor' y 'Land'
Anticorrupción ha dado por finalizada de forma reciente su investigación de las piezas separadas Iron, Pintor y Land. Los fiscales acusan al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a varios de sus colaboradores de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Por su parte, García Castellón ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el excomisario José Manuel Villarejo, como presunto cabecilla del denominado por la Fiscalía anticorrupción "clan policial mafioso" que "infectó" a la Policía durante décadas, y contra otras 23 personas, según consta en dos autos de 13 de julio relativos a las piezas separadas denominadas Iron y Pintor.
En Land la Fiscalía anticorrupción ha logrado que Susana García-Cereceda, propietaria de la urbanización de lujo 'La Finca' (Madrid), y otros dos acusados, admitan que contrataron al comisario José Manuel Villarejo para espiar a la familia de la primera durante la disputa por una herencia. Esta confesión perjudica los intereses del excomisario, cuyos clientes han reconocido haber contratado de forma ilegal al expolicía, que ahora tendrá muy difícil sortear la acusación del ministerio público.º
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