España

La Audiencia Nacional juzgará a Gonzalo Boye por blanqueo

El abogado de Puigdemont está procesado en relación con la denominada 'operación Mito'

El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, y al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco', por blanquear supuestamente beneficios del narcotráfico.

La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso de Boye, en el que sostenía que la Audiencia Nacional no es competente para juzgarle en el procedimiento en el que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y pedía que le enjuiciara un juzgado de Madrid.

Boye argumentaba que la Audiencia Nacional perdió la competencia para enjuiciarle por blanqueo porque esta investigación se había tramitado mediante una pieza separada de la causa principal por tráfico de drogas. Según el letrado, los dos delitos no son conexos y por consiguiente no deberían ser enjuiciados de forma conjunta. Pero la Sala confirma el enjuiciamiento conjunto de toda la causa e indica que "es difícil de encontrar un ejemplo más apropiado de conexidad que el que vincula al delito de blanqueo de capitales con el tráfico de drogas que constituye su precedente".

Dicen los magistrados que la competencia objetiva para conocer el delito principal "se extiende a los delitos conexos y, desde luego, entre los delitos imputados en la presente causa -tráfico de drogas y blanqueo de capitales- existe una relación inescindible que convierte el enjuiciamiento conjunto en una garantía para el propio acusado".

El abogado de Puigdemont está procesado en relación con la denominada 'operación Mito', que ha investigado un entramado, presuntamente dirigido por Sito Miñanco, que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína.

La Fiscalía, que pide 31 años y medio para Sito Miñanco, acusa a Boye de blanqueo y falsificación por contribuir, presuntamente y junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 euros; que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.

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