España

La Audiencia Nacional reabre la investigación sobre dos atentados de ETA cometidos a principios de los 2000 en Guipúzcoa

La Audiencia Nacional ha reabierto las investigaciones sobre los atentados perpetrados por ETA contra un centro de menores de Zumárraga en 2001 y por el asesinato del periodista José Luis

La Audiencia Nacional ha reabierto las investigaciones sobre los atentados perpetrados por ETA contra un centro de menores de Zumárraga en 2001 y por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle en Andoáin en 2000, a raíz de un informe de la Guardia Civil que implica a los ex 'etarras' Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', Aitor Aguirrebarrena ('Peio') y Asier Arzalluz ('Santi').

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la juez María Tardón ha reactivado las dos causas a petición de la Guardia Civil, que ha presentado un nuevo dossier basado, entre otras cosas, en la declaración del también ex 'etarra' José Ignacio Guridi Lasa, condenado por ambos ataques.

Este mismo martes, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional ha tomado declaración a los tres acusados para estudiar su presunta participación en los hechos, atribuidos al comando 'Totto' de ETA, que actuó entre finales de los 90 y principios de los 2000 en la provincia de Guipúzcoa, donde se encuentran las dos localidades.

Causas juzgadas

Estas causas ya fueron juzgadas en su momento pero no respecto a todos ellos. Así, la magistrada ha interrogado a Aguirrebarrena y Arzalluz por la muerte del columnista de 'El Mundo', que falleció al recibir varios disparos en plena calle cuando volvía a su casa tras comprar la prensa en un kiosko cercano. 'Txapote' ya fue condenado por ordenar este asesinato.

Por otro lado, Tardón ha tomado declaración a este último y a Aguirrebarrena --Arzalluz ya está condenado por estos hechos--, por los ocho artefactos explosivos colocados por ETA en el edificio en construcción del centro de rehabilitación de menores de Zumárraga, que provocaron importantes daños en este y otros inmuebles próximos.

Sin embargo, ninguno de los acusados ha querido contestar a la instructora, amparándose en que Francia, que los juzgó y envió a España, no los entregó por estos hechos en particular y, para que puedan ser procesados por ellos, las autoridades galas tendrían que dar su autorización.

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