Tras abrir una investigación por la venta de mascarillas en Baleares y Canarias, la Fiscalía Europea pone el foco ahora en los protagonistas del caso Koldo. La Audiencia Nacional acaba de remitir al órgano europeo información clave de estas diligencias -entre ellas el informe de la ONIF- sobre el presunto fraude de la trama- en respuesta a la petición de esta entidad que actúa ante indicios de desvío de fondos europeos.
Así consta en una providencia de este jueves a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que el magistrado remite a la Fiscalía Europea los tres informes requeridos previamente por el órgano. Se trata del atestado de puesta a disposición policial de los detenidos en el estallido de la operación, los autos adoptados contra los principales imputados en los que se acuerdan las medidas cautelares, y el informe de Hacienda sobre el entramado de los principales imputados.
De esta forma el instructor del caso Koldo cumple con lo requerido por el órgano europeo el pasado 29 de febrero, que solicitó todo este material para analizar si es o no competente para asumir parte de la investigación. Del sumario se desprende que la Fiscalía Europea ha ido reclamando en los últimos meses tanto a Anticorrupción como al órgano judicial la información que tuviera sobre algunos de los contratos firmados por Soluciones de Gestión, la empresa clave de la red, ante la sospecha de que costearon en parte con fondos europeos.
La información tributaria del caso Koldo
Así, por ejemplo, en febrero ya recabó de la Audiencia Nacional información sobre la querella de Anticorrupción, pero, según expuso, no era suficiente. "Entender que la información recibida no es toda la información relevante", respondieron los dos fiscales europeos delegados, los cuáles reclamaron además toda esta tanda de informes policiales y de la Agencia Tributaria que ahora se remiten.
De todos ellos destaca el oficio de la ONIF que analiza las cuotas defraudadas de Soluciones de Gestión, el comisionista Víctor de Aldama y dos de sus empresas (MTM 180 Capital y Deluxe Fortune). Los agentes analizan el incremento de beneficios de Soluciones, que pasó de tributar cero euros a 54 millones en el año de la pandemia, y también sitúan detrás de todo el entramado a Juan Carlos Cueto, quien obtuvo un beneficio de 9,6 millones con el suministro de mascarillas.
Del mismo modo determinó cómo la trama de Koldo compró las mascarillas a China a un precio de 1,2 euros la unidad y la llegaron a vender a 3,27 euros, tal y como consta en el contrato firmado con el Ministerio del Interior. Por ello la Agencia Tributaria concluyó que se estaba ante un "negocio" en el que se habían interpuesto sociedades y atribuyó una cuota defraudada a De Aldama que podría superar los 1,8 millones de euros.
El contrato de Adif
En relación a Canarias y Baleares, la Audiencia Nacional envió la información recabada por la Guardia Civil sobre un total de cinco contratos que firmaron los gobiernos del actual ministro Víctor Ángel Torres y Francina Armengol por importe ligeramente superior a los 10 millones.
Tras analizar la competencia y recabar información además de diferentes organismos de la Unión Europea, este órgano anunció esta misma semana la apertura de diligencias por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Además, la Fiscalía Europea ha reclamado también información sobre el segundo de los contratos que la trama firmó con la Administración Pública. Se trata de la licitación con Adif por casi 3,5 millones de euros para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En su requerimiento, la Fiscalía Europea expuso que el fondo Feder informó en agosto del pasado que "distintos organismos del sistema portuario español" justificaron un total de 1,6 millones de euros de fondos europeos. Entre ellos se encuentra el contrato del órgano que presidía Isabel Pardo de Vera.
Los contratos de Illa
Al margen de la trama Koldo, la Fiscalía Anticorrupción también ha remitido a la Fiscalía Europea información sobre dos megacontratos que suscribió el Ministerio de Sanidad con FSC Select Products y con Weihai Textile, como informó este medio.
De esta forma, Anticorrupción remitió el 11 de julio de 2022 a la Fiscalía Europea que las empresas FCS Select Product S.L y Weihai Textile tuvieron "financiación de la Unión Europea". De ellos destaca el primer contrato ya que esta firma cobró poco más de 263 millones de euros por suministrar material sanitario en plena pandemia. En la denuncia del PP se plasmaba que la empresa seleccionada por el departamento dirigido por Illa no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario.
Del mismo modo destacó también la cifra de beneficios antes y después de la millonaria adjudicación. Así, pasó de facturar menos de un millón de euros en 2018 a 263,1 millones en el año de la pandemia. Esto supone adjudicaciones por un valor 245 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social.
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