Comienza el goteo de revisiones por la rebaja de la malversación. El magistrado Manuel García Castellón, al frente del caso Púnica y el cártel del fuego, entre otros, se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para pedirle que estudie si modifica su acusación en estas dos causas de corrupción. En el primero de los casos pide estudiar hasta cuatro piezas de esta macrocausa relativa a la presunta financiación irregular del PP madrileño y cuyo cabecilla es Francisco Granados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado cuatro providencias separadas, una por cada pieza, en la que pide a la Fiscalía que "dada la posibilidad de que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación que se investiga", se informe en un plazo de cinco días si interesa el archivo de algunos de los imputados.
En concreto actúa en la pieza cuarta, relativa al pelotazo urbanístico de Valdemoro; la quinta, relativa a contrataciones de la red en los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle; la octava, sobre los hechos relativos a la etapa de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid) y la décima que versa sobre la contratación presuntamente fraudulenta del considerado como informático del caso Púnica, Alejandro de Pedro.
Posibles archivos para imputados
Se trata de investigaciones en el marco de las cuáles se investiga una serie de delitos de corrupción, entre ellos una posible malversación de caudales públicos. A tenor de la rebaja de este último tipo penal, que entra en vigor este mismo jueves, el magistrado se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie en relación a su acusación, sin descartar incluso que se pueda archivar la causa para algunos de los imputados.
En este caso concurren circunstancias excepcionales que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación del Ministerio Público
En paralelo, el juzgado que también investiga causas de corrupción como el caso Villarejo, Lezo o los CDR, también ha dictado un auto en el marco de la causa conocida como 'el cártel del fuego' también para que se revise la acusación del delito de malversación.
El pasado mes de junio, el instructor envió al banquillo a un total de 32 personas, entre las que se encuentra el exdelegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, por formar, presuntamente, una organización criminal que habría alterado las adjudicaciones de los contratos de extinción de incendios mediante la corrupción de funcionarios y particulares.
El precedente de Acuamed
En relación a este procedimiento, el magistrado explica que, aunque se abrió juicio oral en julio del año pasado, "concurren circunstancias excepcionales que llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación del Ministerio Público". Por eso pide a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes que integran este procedimiento de corrupción que se pronuncien en relación a la rebaja del tipo penal.
Anticorrupción analizará su acusación en Acuamed contra 42 personas por delito continuado de malversación agravada
Así pues, tanto Púnica como el cártel del fuego se suman al precedente que ya estudia la Fiscalía Anticorrupción por la rebaja de la malversación. Tal y como avanzó Vozpópuli, el Ministerio Público analiza ya la acusación en el procedimiento abierto en 2015 por presuntos amaños con la empresa estatal Acuamed. El movimiento se produce después de que el magistrado de este juzgado, Joaquín Gadea, solicitara una revisión de la acusación teniendo en cuenta que el principal delito del procedimiento el de malversación agravada.
Las fuentes consultadas explican que con la reforma de la malversación se procederá a estudiar el escrito presentado el pasado 28 de noviembre, en el marco del cual se pedía la transformación de sumario y enviar al banquillo a un total de 42 personas. El magistrado Gadea pidió una revisión teniendo en cuenta que la transformación de sumario se solicita por la gravedad del delito continuado de malversación agravada, que lleva aparejadas penas de prisión superiores a los 9 años.
De decaer este tipo penal, no se procedería por esta vía, sino que se continuaría por los cauces de procedimiento abreviado; de ahí que se pida estudiar el contenido del escrito. La fiscal Anticorrupción al frente del caso expuso en su informe del pasado noviembre, al que ha tenido acceso este medio, que la malversación está justificada en tanto Acuamed es una empresa estatal y, por tanto, de patrimonio público. Parte del mismo se habría vilipendiado en más de una decena de concesiones a empresas amigas de los entonces exdirectivos de la firma.
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