Las pruebas de la UDEF sobre pagos que habría recibido desde PDVSA Raúl Morodo son válidas y no se van a cuestionar. Así lo ha concluido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestima la petición del exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela acerca de que se investigase el origen de las pruebas en las que se apoyó la Policía Judicial para actuar contra él ante la Justicia española.
La Sala de lo Penal respalda el criterio del magistrado Alejandro Abascal, que rechazó abrir una pieza separada para indagar si las pruebas que dieron origen a esta causa penal se habían obtenido de manera ilícita. El instructor del caso Morodo declinó acceder a la petición del diplomático en un criterio que ahora respalda la Sala de lo Penal. Los magistrados de la Sección Segunda, en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, validan las pruebas de la UDEF y descartan que se vaya a investigar este asunto.
No se puede cuestionar la legitimidad de la UDEF para analizar la información proporcionada por el SEPBLAC
El auto razona que la UDEF se apoya en fuentes fiables en su investigación por el supuesto cobro de 4,5 millones de euros en comisiones irregulares de la petrolera estatal PDVSA. Frente a la tesis del exembajador, que asegura que la Policía Judicial obtuvo documentación sin el debido control judicial, los magistrados replican que las fuentes de prueba provienen de entes de absoluta fiabilidad, como es el caso del SEPBLAC.
No se investigará a la UDEF
La Policía Judicial reaccionó a las acusaciones del clan Morodo y trasladó a la Audiencia Nacional que la información en la que se ha apoyado para actuar contra ellos por delito fiscal y blanqueo, entre otros, procede de dos vías: por un lado, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y, por otro, de una causa penal que se ha seguido en los juzgados de Plaza Castilla.
Los magistrados explican que la Ley es clara y permite a la Unidad de Inteligencia Financiera emitir informes ante sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo para su posterior investigación por el órgano que competa. Además, recuerdan que estos trabajos son confidenciales y no se puede revelar la identidad de los que intervienen en ellos.
"No se puede ahora cuestionar aquí la legitimidad (de la UDEF) para analizar la información proporcionada por el SEPBLAC. Debemos recordar que fue la fuerza actuante la que solicitó al juez a quo la expedición de mandamientos requiriendo a diversas entidades precisamente la misma documentación bancaria que manejó en sus informes", recoge el auto.
Los contratos con PDVSA
De esta forma tanto el instructor como la instancia superior respaldan el trabajo de la Policía Judicial que mantiene en la diana tanto al exembajador de Zapatero en Venezuela como a su círculo más cercano por el cobro de comisiones irregulares entre los años 2011 y 2015 que provendrían de la principal petrolera del país (cuyo saqueo se investiga también en otras causas en la Audiencia Nacional) y se habría canalizado a través de empresas pantalla controladas por el entramado.
No obstante, el exdiplomático pidió que se investigase el origen de estas diligencias a tenor de lo manifestado en sede judicial por Nervis Villalobos. El exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez compareció en calidad de testigo en septiembre para responder acerca de la documentación que atesoraba en su domicilio relativa a unos contratos de Morodo con PDVSA y que los agentes encontraron durante un registro.
El exviceministro venezolano explicó que dicha documentación se la facilitó el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. El integrante de la conocida como 'policía patriótica' le habría ofrecido este material en su objetivo por conseguir que exjerarcas del chavismo afincados en España colaborasen en algunas pesquisas abiertas en la Policía de Eugenio Pino. Una de ellas afectaba a diversas empresas venezolanas que tenían sus fondos en Banca Madrid, antigua propietaria de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Delito fiscal
Ante esta declaración, la defensa de Morodo solicitó al juez que abriera una pieza separada para investigar la actuación de la UDEF, una pretensión a la que se negó el magistrado. Su decisión la respalda ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que considera ahora que las diligencias de la UDEF (desligada de la actuación de la policía patriótica a la que perteneció Villarejo), no tienen una tacha.
"En relación con la documentación que la policía incorporó a su informe de 5 de marzo como consecuencia de un hallazo casual en la entrada y registro practicada en el curso de otras diligencias judiciales, no cabe duda de que dicha incorporación a la causa estaba amparada por dicho hallazgo", señalan los magistrados, los cuáles matizan que "otra cosa es el alcance" que pueda tener la declaración de Nervis Villalobos, que aclaró las razones por las que dicha documentación estaba en su ordenador.
De esta forma la causa penal que arrancó en 2019 encara su recta final contra todos los imputados, cuyo patrimonio se ha rastreado en países como Suiza. Las pesquisas de los últimos meses, centradas en el movimiento de cuentas del clan Morodo, pusieron el foco en la mujer del exembajador español en Venezuela, Cristina Cañeque. El juez Abacsal ha pedido ampliar la pericial de Hacienda sobre sus fondos tras constatar que podría haber cometido delito fiscal al no declarar parte de los ingresos canalizados en su sociedad MS Trading España S.L
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